- El Gobierno Vasco sostiene que la propuesta regula el comportamiento de las entidades privadas, lo que afecta a derechos y libertades que exceden del haber competencial
El Gobierno Vasco considera que la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2014, reguladora del código de conducta y de los conflictos de intereses de los cargos públicos, para evitar las puertas giratorias regula el comportamiento de las entidades privadas y excede del haber competencial que el bloque de constitucionalidad y el Derecho Europeo atribuyen a la Comunidad Autónoma de Euskadi. Este es una de los argumentos principales del Consejo de Gobierno para manifestar su criterio desfavorable a la toma en consideración de dicha propuesta que plantea modificar la estructura pública vigente de la que nos hemos dotado para supervisar el cumplimiento de las normas sobre la incorporación al ámbito privado de personas que hayan desempeñado cargos públicos.
El Consejo de Gobierno se ha reunido hoy en Gasteiz para analizar, entre otros puntos, la propuesta presentada por el grupo parlamentario de EH Bildu y se ha manifestado en contra de esta iniciativa. Considera que, en su intención de regular limitaciones a la incorporación a la empresa privada de las y los cargos que causen baja en el empleo público, la proposición de ley regula el comportamiento de las entidades privadas.
Asimismo, considera que la modificación qu ese propone resulta ineficaz desde la perspectiva de regular nuevas prohibiciones o condicionantes al comportamiento de las personas que han desempeñado un cargo público. Argumenta que pone en entredicho la eficacia y eficiencia futura del sistema ya que plantea un cambio de composición y funciones de las estructuras vigentes, quitando ámbitos y decisiones al órgano gestor y asigna más decisiones gestoras al órgano principal, sin dotarle de ningún recurso nuevo.
La propuesta de EH Bildu plantea asignar la supervisión y control de prácticas fraudulentas a supuestos colectivos de funcionarios que no se describen ni se explican cuáles son sus funciones, medios y derechos. Se limita a enunciar que se espera de esos colectivos una nueva línea de acción pública objetiva, rigurosa y desideologizada.
En su explicación de los argumentos para su criterio desfavorable, el Consejo de Gobierno destaca el hecho de que la proposición de ley no tome en consideración la inclusión del Parlamento Vasco en el ámbito de actuación de la ley en cuestión, como ocurre, por ejemplo, con la Oficina Antifraude de Catalunya o la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, en la Comunidad Valenciana.
