- La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno señala que es una medida importante para salvaguardar la salud y la vida de la ciudadanía
- Insta al Gobierno español que «cambie de rumbo» y le emplaza a que cumpla el calendario de transferencias y los acuerdos comprometidos
La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno ha declarado hoy que el Gobierno Vasco todavía no ha recibido la resolución judicial del Tribunal Supremo (TS) sobre la exigencia del certificado covid digital de la UE en establecimientos de ocio nocturno y restaurantes de más de 50 comensales y que están a la espera de la comunicación oficial para tomar las decisiones correspondientes. Olatz Garamendi ha señalado que tan solo conocen desde este martes la anulación del auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que rechazó autorizar el llamado pasaporte covid, pero que la resolución todavía no ha llegado al Gobierno Vasco.
En una entrevista en Onda Vasca, la consejera ha subrayado que la decisión del alto tribunal avala la posición del Ejecutivo vasco de implantar una medida “proporcionada de cara a salvaguardar la salud y la vida de la ciudadanía”.
Tras recordar que será el lehendakari Iñigo Urkullu el que una vez recibida la resolución judicial decidirá cuándo aplicar la exigencia del certificado covid, así como la declaración de la emergencia sanitaria en Euskadi, Garamendi se referido a la Ley de medidas de gestión de la pandemia Covid-19, conocida como Ley vasca Antipandemia, que regulará muchas de las medidas que se puedan tomar en adelante. “La ley vasca antipandemia es la norma prevista para hacer frente a este tipo de situaciones. Ante una declaración de emergencia establece tres estadios diferentes y cinco niveles en función de los indicadores epidemiológicos y sanitarios y prevé una serie de medidas: aforos, medidas higiénico sanitarias generales, establecimientos y actividades…”, ha explicado.
Sobre la seguridad jurídica de las medidas que se vayan a adoptar al amparo de esta ley, la consejera ha destacado que la norma establece una serie de medidas en determinadas circunstancias que están amparadas con rango legal y, por tanto, no deberían ser objeto de ningún cuestionamiento jurídico”. Garamendi ha precisado, no obstante, que esta ley prevé que algunas cuestiones que pueden estar afectadas por derechos fundamentales pueden exigir autorización o ratificación judicial.
Garamendi ha subrayado que, si bien la actual situación y tasa de contagios es alta y preocupante, la situación es mejor y diferente a la del año pasado por estas fechas, gracias sobre todo a la alta vacunación de la población de Euskadi, por encima del 90% de la población diana. “Además, se ha comenzado ya con la tercera dosis a los mayores de 60 años y, pronto, en cuanto se pueda, se empezará a vacunar a los menores”, ha subrayado.
Transferencias y Conferencia de Presidentes
La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, espera que su rechazo a participar el pasado viernes en el Comité preparatorio, de seguimiento e impulso de la Conferencia de Presidentes autonómicos sea un “punto de inflexión” para el proceso transferencial y que el Gobierno español “cambie de rumbo” en su manera de abordar la negociación de las transferencias a Euskadi Ha vuelto a pedir que se materialicen los traspasos pendientes y el cumplimiento del calendario y los plazos aprobados por el propio Ejecutivo de Sánchez en octubre de 2020.
Un año después de aprobar ese cronograma, que fue aceptado por el Gobierno Vasco, solo se han materializado cuatro transferencias y queda el resto por ejecutar. En una entrevista a Onda Vasca, Garamendi ha exigido al Ejecutivo español que cumpla lo pactado, “porque la bilateralidad y los acuerdos están para cumplirse”
Tras explicar que no acudió al comité preparatorio de la Conferencia de Presidentes que se celebrará en enero en La Palma, porque considera que antes de acudir a un foro «multilateral hay que cumplir los acuerdos bilaterales», la Consejera ha señalado que hay muchos acuerdos y decisiones adoptadas pero, no termina de concretarse en propuestas escritas. “La relación con la ministra de Política Territorial es buena y cordial, los contactos existen, pero seguimos a falta de los documentos, que es lo necesario para ponerse en una auténtica negociación; ese paso no se da y es absolutamente necesario para cumplir los acuerdos que tenemos».
Garamendi ha diferenciado entre lo que es el ámbito de la Administración General de Euskadi y el espacio de la negociación presupuestaria entre los grupos políticos que están en el Congreso. En este sentido, ha señalado que, en relación al Ingreso Mínimo Vital (IMV), «sí que existe un buen acuerdo entre el PNV y el Gobierno español en tanto que recoge lo que es vital para nosotros, el ámbito del Concierto Económico y que la prestación sea completa». En cualquier caso, ha precisado que es un acuerdo que tiene que tratarse, negociarse y detallarse entre ambos gobiernos, “y eso es lo que nosotros estamos solicitando, que se nos ponga ya la propuesta encima de la mesa para que podamos empezar a negociarlo, culminarlo y suscribir el traspaso que es necesario».
Sobre su decisión de no acudir al Comité preparatorio, la Consejera ha señalado que todos los foros multilaterales son importantes, porque compartir cuestiones con el resto de comunidades autónomas siempre es importante, pero ha matizado que «la premisa esencial es que exista la confianza con la persona con la que está hablando de que aquello que has pactado, esa voluntad existe». Por ello ha asegurado que la confianza hay que crearla en foros bilaterales y “luego extenderla en los multilaterales”. Además, ha precisado que su ausencia en el comité preparatorio de la Conferencia de Presidentes no tiene por qué suponer que el lehendakari, Iñigo Urkullu no vaya a esa conferencia de enero. De hecho, el lehendakari adoptará su decisión «en función de las circunstancias y con absoluta responsabilidad», ha asegurado Garamendi que, a renglón seguido ha insistido en que su ausencia al comité preparatorio se debe «exclusivamente al incumplimiento de la bilateralidad en cuando al proceso de transferencias».
Interinos
También se ha referido a la tasa de temporalidad en el empleo público vasco y ha destacado que la intención del Gobierno Vasco es poder sacar en el primer semestre de 2022 una convocatoria de alrededor de 1.400 plazas en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Ha detallado como será este proceso, en el que «determinadas plazas, en función de cuánto tiempo haya estado la vacante cubierta por una interinidad, pueden ir por concurso o por concurso-oposición».
Durante la entrevista a Onda Vasca, Garamendi ha recordado que en este momento se está debatiendo en el Congreso una ley estatal con la previsión de que pueda aprobarse en diciembre. A su juicio, esta ley, hasta donde se conoce, “no choca” con la Ley vasca de Cuerpos y Escalas aprobada recientemente por el Parlamento Vasco. Esta ley está dirigida a aprobar procesos de consolidación para las personas que llevan mucho tiempo en la administración.
La consejera ha precisado que la normativa estatal incide sobre el procedimiento de acceso a la función pública de los interinos, pero no automáticamente consolida a las personas en las plazas. En el caso de Euskadi, ha insistido en que «habrá vacantes que salgan por concurso y vacantes que salgan por concurso-oposición dependiendo de la vacante, del tiempo que haya sido cubierta en interinidad».
