- Un convenio entre el Departamento de Trabajo y Empleo y el Ministerio de Inclusión permitirá destinar a este fin hasta 6,5 millones de fondos europeos
- Se han seleccionado veinte municipios o comarcas vascas con una alta incidencia de desempleo de larga duración y personas perceptoras de ambas prestaciones
Trescientas personas vascas desempleadas de larga duración y que perciben el Ingreso Mínimo Vital y/o la Renta de Garantía de Ingresos van a participar en proyectos piloto de acompañamiento integral para su inclusión sociolaboral. A través de un convenio suscrito entre el Departamento de Trabajo y Empleo y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se van a destinar para este fin hasta 6,5 millones de euros procedentes de fondos europeos.
A través del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide se van a alcanzar convenios de colaboración con entidades locales de veinte municipios o comarcas en las que se ha detectado un alto índice de paro de larga duración y un grupo de población relevante de personas perceptoras de IMV o RGI. En la elección se han tenido en cuenta, además, criterios de proporcionalidad territorial y la existencia de mesas de inclusión. La mitad se sitúan en Bizkaia y son: Portugalete, Durango, dos zonas de Bilbao (Otxarkoaga y otra), Barakaldo, Sestao, Leioa-Erandio y las comarcas de Busturialdea, Encartaciones y Zona Minera. Otras siete están en Gipuzkoa: Lasarte, Eibar, Zumarraga, dos zonas de Donostia, Irún y la comarca de Tolosaldea; y las tres restantes en Álava: Amurrio-Llodio y en dos zonas de Vitoria-Gasteiz.
Según la propuesta realizada por el Departamento de Trabajo y Empleo y acordada con los ayuntamientos, se van a poner en marcha veinte proyectos mixtos de empleo-formación, acompañados de itinerarios personalizados de orientación profesional. Estos proyectos mixtos serán promovidos o liderados por entidades locales y desarrollarán acciones de acompañamiento integral para conseguir o mejorar la inclusión social y laboral de las personas participantes que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social y que, como consecuencia del impacto económico provocado por el Covid-19, han visto agravada su situación.
Los ámbitos de actuación en los que deberán circunscribirse son: la mejora y rehabilitación de las viviendas y del entorno rural en los municipios o barrios más desfavorecidos o infradesarrollados; el acompañamiento y atención a la tercera y cuarta edad; el cuidado y ayuda a grupos desfavorecidos, personas dependientes por discapacidad física o psíquica o en situación de enfermedad crónica; la promoción de la cultura, la educación y la salud; la promoción y recuperación del patrimonio artístico e histórico; el reciclaje y la reutilización de recursos; la eficiencia energética y las energías renovables; el mantenimiento de espacios públicos; las actividades relacionadas con el turismo, el tiempo libre y el deporte; la conservación de la naturaleza: masas arbóreas, especies animales, limpieza de ríos y costas, la eliminación de la brecha digital en todo lo relacionado con el acompañamiento en la realización de tareas por vía electrónica con las Administraciones Públicas, compras electrónicas, operaciones bancarias, etc. a personas con pocas competencias digitales; la recuperación de canteras en las que la empresa concesionaria haya finalizado los trabajos; la instalación y mantenimiento de redes de recarga de vehículos eléctricos; la rehabilitación y adaptación a la nueva normativa energética de edificios; la movilidad sostenible; las actividades socioculturales y de desarrollo comunitario, primando aquellas donde puedan establecerse canales de comunicación intergeneracional; y cualquier otra actividad de utilidad pública o de interés general y social que permita compatibilizar el aprendizaje formal y la práctica profesional en el puesto de trabajo.
Los proyectos, en cada uno de los cuales tomarán parte quince personas, tendrán una duración de 12 meses y deberán iniciarse antes del próximo 1 de junio. Estarán divididos en dos fases, una primera de al menos dos meses exclusivamente formativa, y una segunda de contratación en la modalidad de contrato para la formación y el aprendizaje que podrá comenzar una vez realizado al menos el 75% del programa formativo, siempre que se puedan compatibilizar ambas actividades.
A su finalización el programa será evaluado para comprobar su eficacia en los objetivos pretendidos. Se hará lo propio tres y seis meses después de su conclusión.
Las actuaciones a realizar se sitúan entre los proyectos del Instrumento Europeo de Recuperación “Next Generation EU” y su aplicación en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en su Componente 23 “nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” que incluye la inversión “Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión socio-laboral al Ingreso Mínimo Vital”.
