- El estudio, realizado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, concluye que su situación fue “intolerable desde la sensibilidad democrática y de respeto a la diversidad social”
- 357 guardias civiles y policías fueron asesinados por ETA en ese periodo y 711 personas resultaron heridas
- Entre las conclusiones, se “invita a la sociedad vasca a reflexionar en torno a la construcción de una memoria reparadora y empática hacia el sufrimiento padecido por las víctimas inocentes”
Bilbao, 21/01/2022
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha presentado hoy el Informe sobre la injusticia padecida por los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus familiares, a consecuencia del terrorismo de ETA (1960-2011), elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto.
El trabajo ha sido realizado por los profesores Jose Ramón Intxaurbe, Gorka Urrutia y Trinidad L. Vicente tras la petición realizada a comienzos de 2020 por el Gobierno Vasco a través de su Viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, dirigida por Jose Antonio Rodríguez Ranz.
Para realizar el informe se ha entrevistado a personas pertenecientes a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en diferentes etapas, así como a otros familiares de agentes. Entre los datos cuantitativos obtenidos, el documento refleja que ETA asesinó en ese periodo a 357 personas: 207 (58%) guardias civiles o exguardias civiles, y 150 (42%) del Cuerpo Nacional de Policía. Asimismo, en el caso de los guardias civiles y debido a los reiterados ataques a las casas cuartel, 17 personas de sus familias murieron en diferentes atentados, dos de ellas adolescentes y 11 niños y niñas. Por último, los atentados cometidos por ETA dejaron 711 personas heridas; el 43% de ellas, con lesiones que provocaron una incapacidad permanente total.
“La amenaza que ETA lanzó contra las personas integrantes de las Fuerzas del Orden Público alcanzó a todas las vertientes del desempeño profesional y a todos los ámbitos de vida privada y familiar, contribuyendo, mediante la intimidación colectiva, a que quienes integraban el cuerpo, así como por extensión a sus familias, quedasen expuestos a una situación de aislamiento social”. Esta es la primera de las conclusiones obtenidas por los profesores, quienes también apuntan a que “esta situación resulta intolerable desde una sensibilidad democrática y de respeto por la diversidad social”.
En el documento se reconoce que la situación “no tiene cabida en una sociedad democrática, puesto que supuso la vulneración sistemática de derechos fundamentales reconocidos no solo en el ordenamiento jurídico español sino también en los principales textos normativos de derecho internacional”. En este capítulo se citan expresamente vulneraciones en el derecho a la integridad física y moral, a la vida, a la libertad y seguridad, a la circulación y a la libertad de residencia, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad de las personas.
Para llegar a esta afirmación, los profesores del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto entrevistaron a 14 personas, quienes ofrecieron unos testimonios muy detallados y, en ocasiones, íntimos sobre sus recuerdos y experiencias. Entre ellas había víctimas directas o bien familiares de víctimas mortales de ETA. Este grupo destacó el aislamiento social al que se vieron abocados: “Tener contactos y, mucho menos amistad, con gente de la tierra era poco menos que imposible”; “Yo vivía en un piso con dos compañeros. Nadie nos conocía en el bloque, teníamos que andar como furtivos”; “Yo lo viví como algo terrorífico, nadie podía saber lo que era mi padre porque si no lo podían matar”. Otra de las facturas que pagaron fueron las rupturas sentimentales o las quiebras familiares: “Estaba recién casado cuando me destinaron al País Vasco. Mi exmujer no me quiso acompañar, tenía miedo. Al cabo de tres meses acabamos separados”.
En cuanto al miedo y las secuelas físicas y psicológicas que les dejaron los atentados, se reflejan diferentes testimonios. Así recoge el relato de una persona que entonces tenía 27 años y quedó en silla de ruedas tras un atentado. También cuenta su experiencia un agente que con 21 años sufrió un atentado y tardó cuatro años en volver a andar “con un bastón y unas plantillas”.
Asimismo, se recogen las declaraciones de algunos familiares que hablan de cambio de personalidad e, incluso, de brotes de violencia en sus progenitores tras sobrevivir a los atentados.
“Las personas entrevistadas echaron en falta una mayor empatía del conjunto de la sociedad hacia su condición y sufrimiento, al tiempo que expresaron un claro reproche a quienes ignoraban su padecimiento bajo la premisa del algo habrán hecho”, se recoge en el estudio.
Recomendaciones
Una de las primeras recomendaciones que se reflejan en el informe es que hay que hacer un ejercicio de conocimiento y de reconocimiento de lo que ha supuesto para las víctimas lo que han padecido. “Debe ser público y, en la medida que viene avalado por las instituciones, deber ser un reconocimiento oficial. Se trata de una memoria reparadora no solo para las víctimas inocentes cuyo sufrimiento injusto se va a poner de manifiesto, sino también para el tejido social que ha vivido en su seno una enfermedad intolerable y que ahora pretende recuperar la convivencia democrática”.
En lo que se refiere a la sociedad en general, en el informe se invita “a la sociedad vasca a reflexionar en torno a la construcción de una memoria reparadora y empática hacia el sufrimiento padecido por las víctimas inocentes, así como a tener en cuenta el valor de la diversidad que fue menoscabada por la banda terrorista ETA y su entorno social”.
En el transcurso de las entrevistas, varias personas asumieron como importante la presencia en las aulas de la memoria a través de los relatos de las propias víctimas; programas como Adi-Adian, que desarrolla el Gobierno Vasco. El informe ahonda en esta línea, recomendando “continuar y potenciar” estas iniciativas. También apoya “incentivar” la colocación de placas fijas en la vía pública, en los lugares donde se cometieron atentados, y continuar “con la labor de reparación de una cultura de convivencia cívica”.
El Informe sobre la injusticia padecida por integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como por sus familiares, a consecuencia del terrorismo de ETA (1960-2011) es el último de los estudios realizados por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, tras los ya publicados sobre personas amenazadas; el colectivo de agentes de la Ertzaintza; la política penitenciaria de alejamiento en las familias de personas presas, y concejales y sus familias.
El pasado año, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales encargó al Instituto de Derechos Humanos un nuevo estudio centrado en el colectivo de funcionarios y funcionarias de prisiones, que verá la luz el próximo año.
