El Gobierno Vasco y EUDEL han firmado un acuerdo para promover que los ayuntamientos y resto de entidades locales oferten plazas para realizar penas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad. El convenio es de carácter voluntario para los ayuntamientos y su objetivo es fortalecer la colaboración municipal en la gestión de las ejecutorias penales, que se ha visto seriamente afectada por la pandemia.
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha explicado que esta alianza «busca la consecución de una sociedad más justa, amparada en los valores de la justicia restaurativa, en la reconducción de las conductas y en el beneficio de la comunidad”.
Artolazabal ha argumentado como una alternativa para quien haya cometido un delito relacionado con el tráfico la realización de talleres de seguridad vial o el trabajo con personas que hayan sufrido un siniestro. En el caso de los ayuntamientos, ha hablado de trabajos en jardines, mobiliario urbano, servicios sociales… “Démosles esa oportunidad para resarcir a la sociedad tras haberla fallado”, solicita.
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