- “La voluntad de esta norma es amparar aquellas violaciones de derechos humanos que tienen el origen en la intervención de integrantes del funcionariado público o particulares que, de alguna manera, han contado con el apoyo del Estado” señala Artolazabal
Vitoria-Gasteiz, 03/02/2022
Consultada sobre las solicitudes presentadas a la Ley 12/2016, de 28 de Julio sobre reconocimiento a víctimas de vulneración de derechos humanos en contexto de violencia de motivación política, Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco ha señalado hoy que “la comisión de valoración, órgano nombrado por el Parlamento Vasco y conformado por profesionales de prestigio, ha realizado su labor y ha establecido una serie de conclusiones. Entre ellas, que los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las víctimas de ETA no pueden ser susceptibles de ser reconocidos o atendidos como víctimas al amparo de esta ley”. “Reconociendo que han sufrido la persecución de ETA, existen otra serie de leyes que les amparan en su condición de víctimas y reconocen la vulneración de derechos humanos sufrida”, ha remarcado.
Artolazabal ha anunciado que ya se ha comenzado a enviar resoluciones denegatorias, “que han sido aprobadas por unanimidad de la comisión de valoración”, a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a víctimas de ETA.
Son 1.220 las solicitudes presentadas a la Ley 12/2016, de 28 de Julio sobre reconocimiento a víctimas de vulneración de derechos humanos en contexto de violencia de motivación política –más conocida como ley de reconocimiento a víctimas de abusos policiales-, según ha explicado la consejera. Según ha enumerado, la comisión de valoración ha aprobado hasta la fecha 563 dictámenes, unos favorables y otros desfavorables. En un acto celebrado en el Palacio Euskalduna el pasado junio ya se hizo entrega de 36 reconocimientos a víctimas, según ha recordado Artolazabal. Además, se han desestimado 460 solicitudes presentadas por miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y otras 50 más presentadas por víctimas de ETA, siendo en total 510 las solicitudes denegadas.
“El espíritu de la Ley es claro y así viene recogido en la actuación que la comisión de valoración está realizando. La voluntad de esta norma es amparar aquellas violaciones de derechos humanos que tienen el origen en la intervención de integrantes del funcionariado público o particulares que, de alguna manera, han contado con el apoyo del Estado”, ha destacado.
La consejera ha realizado estas declaraciones en el transcurso de un evento en el que el Gobierno Vasco y EUDEL han firmado un acuerdo-marco para promover y facilitar que los ayuntamientos y resto de entidades locales, de los 251 municipios de la Comunidad Autónoma Vasca, oferten plazas para realizar penas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad (TBC).
Reunión con la Asociación de Víctimas del Terrorismo
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, ha señalado asimismo que ayer se reunió con miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). En dicha reunión, se habló de los criterios establecidos para la obtención de progresiones de grado, que, según la consejera serán siempre “criterios objetivos, técnicos y científicos, recogidos en la Ley orgánica penitenciaria”.
Al respecto, Artolazabal ha señalado que comparte el deseo de la AVT de les que a la hora de establecer las progresiones de grado de los presos de ETA “se tuviera en cuenta el arrepentimiento y la colaboración en el esclarecimiento de los casos sin resolver”.
