En España a cierre de 2021 eran 496.776 más las personas que recibían algún tipo de prestación o nómina por parte del Estado, que las que tenían un salario del sector privado.
Esta cifra es similar a la de 2019, cuando la diferencia ascendía a 530.000 transferencias públicas más que las procedentes del sector privado, pero que sí experimenta una notable mejora en los últimos doces meses, ya que a cierre de 2020, y como producto del impacto de la pandemia, nuestro país contabilizó a 1,4 millones de personas más recibiendo una retribución pública que privada.
De todas formas, este balance supone un riesgo estructural para las arcas del Estado. Según explica el doctor en Economía, Daniel Lacalle, puede «provocar un aumento del déficit estructural, y pone en peligro los salarios públicos», ante una «necesidad de mayor carga impositiva» para hacer frente a estos desembolsos anuales, lo que en última instancia podría «dañar el crecimiento económico».
