El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la orden mediante la cual se establecen los procesos administrativos para la ejecución presupuestaria y contable, gestión y seguimiento de la actuaciones y proyectos afectos al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia –MRR-, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que supone un reto administrativo de gran envergadura.
El modelo de gobernanza diseñado por parte del Gobierno Central supondrá que los fondos afectos a las actuaciones desarrolladas con recursos MRR deban ser objeto de una especial consideración en términos de seguimiento, afección de los gastos financiados y régimen de inejecución y devolución de los mismos, lo cual, a su vez, altera el régimen ordinario de utilización de los mecanismos de ejecución y control presupuestarios y hace necesarios nuevos modos de enfocar las responsabilidades de los órganos administrativos llamados a su gestión.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se estructura en treinta componentes, y en cada uno de los componentes se prevé un conjunto de medidas (reformas o inversiones) que se ejecutarán a través de los correspondientes proyectos o líneas de acción, que conllevarán la aplicación de recursos presupuestarios. Y para cada una de dichas reformas e inversiones quedan definidos los correspondientes hitos y objetivos a alcanzar, así como los indicadores que permitan verificar su cumplimiento.
En tanto el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se ha configurado como un instrumento en el que los pagos por parte de la Comisión se realizarán por el cumplimiento de hitos y objetivos, es preciso que, además de la información contable sobre los gastos en que se incurra en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se disponga de la oportuna información sobre el avance de los indicadores, que determina el cumplimiento de los correspondientes hitos y objetivos.
Adquiere una especial relevancia el refuerzo de los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, de manera que los órganos y entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que gestionan o ejecutan fondos provenientes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, para lo cual la Dirección de Política de Cohesión y Fondos Europeos elaborará un plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación y ayudas de estado y daño no significativo al medio ambiente.
Otra de los aspectos de gran relevancia es la capacidad de contar con recursos humanos suficientes para la gestión y ejecución de los fondos, dependiendo esta cuestión del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. Así, de conformidad con la normativa de aplicación y los criterios que dicte la Dirección de Función Pública, se podrá proponer la readscripción de puestos de trabajo, la reasignación de efectivos u otras medidas de racionalización y ordenación de recursos humanos, tales como la comisión de servicios a proyecto, el nombramiento de personal interino por programa o la creación en las Relaciones de Puestos de Trabajo de unidades de carácter provisional, y se adoptarán las medidas necesarias para la formación de empleados públicos, con diseño de contenidos específicos sobre esta materia.
Por último, la Comisión Interdepartamental para la elaboración, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación del Programa de Recuperación y Resiliencia de Euskadi, una vez elaborado el programa Euskadi Next 2021-2026, se reformula y pasa a ser la Comisión Interdepartamental para la información y seguimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como órgano de apoyo y coordinación de las actuaciones de los diferentes departamentos en la gestión de los fondos.
