Ante la negativa del Gobierno a dar información parlamentaria sobre sus asesores, el Tribunal Supremo ha estimado un recurso presentado por Vox, al considerar que la Administración ha infringido el derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución de los demandantes, es decir, el derecho a acceder en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos.
La Administración del Estado defendía que no procedía aportar los nombres, apellidos y currículos de los asesores por afectar a datos de carácter personal, y adjuntó en la respuesta un anexo con información relativa al personal eventual de confianza que presta servicio en las delegaciones del Gobierno.
Ahora, la Sala Tercera anula dos resoluciones del Ejecutivo donde se negaba a proporcionar datos de asesores de la Delegación del Gobierno en Extremadura, por lo que el Gobierno se verá obligado a hacerlo.
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