El Consejo de Gobierno considera que la proposición de ley relativa a la promoción del alquiler social desde el planeamiento urbanístico no tiene en cuenta la existencia de una regulación legal en Euskadi que involucra a todos los recursos públicos disponibles, incluidos los suelos. En concreto, la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo y la Ley 3/2015 de Vivienda regulan esté ámbito.
El Consejo de Gobierno ha analizado hoy, en su reunión semanal, la propuesta formulada por el grupo parlamentario EH Bildu y ha manifestado su criterio desfavorable a su toma en consideración. La proposición plantea incorporar un nuevo párrafo al artículo 16 de la Ley de Suelo para que el planeamiento urbanístico determine el régimen de adquisición o tenencia de las viviendas protegidas (venta, alquiler, mixto u otro). Esto resulta prácticamente inviable ya que abarca a áreas urbanas y sectores urbanizables completos, pretendiendo incluso vincular las propiedades privadas a regímenes de transmisión distinta sin la debida justificación.
El Gobierno Vasco entiende que la movilización de la vivienda de titularidad privada hacia el alquiler protegido debe girar en torno a su incentivación mediante los mecanismos financieros y normativos que lo hagan viable, en la línea planteada por las distintas medidas incluidas en el vigente Plan Director de Vivienda 2020-2023.
