El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que será remitido al Parlamento para su debate con el fin de crear un marco para impulsar la movilidad sostenible en Euskadi. El proyecto de ley se centra en incentivar la movilidad activa (a pie o en bicicleta), el impulso del transporte público frente al vehículo privado, la interoperabilidad de los títulos públicos de transporte en un sistema integrado intermodal, la promoción del tren y el favorecimiento de la movilidad sostenible desde el ámbito de la planificación autonómica, foral y municipal.
El proyecto de ley incorpora derechos y obligaciones de la ciudadanía, su participación en la elaboración de los planes de movilidad o la obligación de los municipios de tener en cuenta el impacto en la movilidad sostenible de sus actuaciones urbanísticas. El fin es reducir la huella de carbono y avanzar hacia un sistema de transportes intermodal que priorice el acceso de las personas al transporte público. Entre las medidas se incluye un plazo de dos años para que los títulos de transporte existentes sean plenamente interoperables en todos los modos de transporte de la Comunidad Autónoma Vasca.
El proyecto aborda también la fiscalidad del transporte, abriendo a diputaciones forales y ayuntamientos la posibilidad de utilizar esta herramienta y otros instrumentos de política económica para contribuir a la movilidad sostenible. Concretamente, el articulado recoge la opción de establecer medidas fiscales y financieras que desincentiven actividades que vayan contra la movilidad sostenible como tasas, cánones o gravámenes, tributos y reducciones. Al mismo tiempo, abre la puerta a bonificaciones o exenciones para formas de transporte que no dañen el medio ambiente.
Con el fin de poner en práctica el concepto de movilidad activa, el impulso de los desplazamientos a pie y en bicicleta, el proyecto incorpora la obligatoriedad de que los edificios de servicios públicos y las estaciones cuenten con aparcamientos para bicicletas y que los nuevos edificios residenciales incluyan espacios para este medio de transporte.
El texto plantea asimismo la necesidad de crear planes de movilidad sostenible a nivel autonómico y provincial con una vigencia de 10 años. Los municipios de más de 5.000 habitantes también deberán contar con estos documentos –las Diputaciones colaborarán con los Ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes a la hora de realizarlos-. El proyecto incluye planes de movilidad en los centros de trabajo.
