La ley del Sector Público Vasco ha sido aprobada esta mañana por el Parlamento Vasco. La norma establece las líneas generales de la organización, la estructura, el funcionamiento y el régimen jurídico del sector público.
La ley ha sido aprobada con los votos a favor de PNV y PSE que durante el trámite parlamentario han incorporado algunas enmiendas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, que finalmente se han abstenido. Por su parte, PP+Cs y Vox han votado en contra.
El texto establece principios y normas comunes aplicables al sector público vasco, a su dimensionamiento y transformación, y también a su funcionamiento como servicio público y de relación con la ciudadanía, así como los principios de interacción con la ciudadanía, sus derechos y deberes en su relación con la Administración pública vasca. Además, regula los principios que deben guiar la Administración electrónica y el impulso de la participación pública por medios electrónicos, sin perjuicio de la relación presencial en los casos en que se necesitan. La norma garantizará los derechos lingüísticos, ya que establece que las dos lenguas oficiales serán lenguas de servicio, de relación y de trabajo en el conjunto del sector público vasco.
Gran parte de las previsiones legales recogidas en la ley tienen que ver con la organización, estructura y funcionamiento del sector público vasco. La ley establece el perímetro del sector público vasco y, bbcon el fin de evitar solapamientos y duplicidades innecesarias e ineficaces, la ley prevé un nuevo instrumento: la Comisión Interinstitucional para la racionalización y dimensionamiento del Sector Público Vasco. En este sentido, endurece las fórmulas para la creación de nuevas figuras de gestión, las medidas para la racionalización y dimensionamiento del sector público y prevé la creación de un Registro de Entidades del Sector Público.
Así, pone los pilares para que el Sector Público Vasco esté en un proceso de mejora continua que redunde en beneficio de la sociedad, ofreciendo un servicio más cercano, eficaz y moderno, de modo que la ciudadanía reciba una atención mejor y más eficiente. En definitiva, pretende la modernización y puesta al día de la Administración pública vasca y el impulso de una nueva cultura administrativa tanto dentro como fuera de la Administración.
