La espiral inflacionista en la que España está inmersa está golpeando duramente a la sociedad, especialmente a los más vulnerables. Los pensionistas, por ejemplo, ven cómo mes a mes sube el coste de la cesta de la compra sube mientras el colectivo empobrece, sobre todo a aquellos que cobran las pensiones mínimas y no contributivas.
A cierre del pasado mes de abril, un 22,30% de las pensiones de todos los regímenes del sistema público tenían la consideración de “mínimas”, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: en total, 2.214.362. El 57,83% son pensiones de jubilación; el 28,16%, pensiones de viudedad; el 6,77%, de orfandad; el 6,19%, de incapacidad permanente, y el resto, de favor de familiares. Uno de cada cuatro pensionistas españoles recibe la cantidad mínima estipulada por ley; en el caso de los trabajadores autónomos, la relación sube hasta el 33,38%.
De acuerdo con los datos del Ministerio que dirige José Luís Escrivá, a 30 de abril, había en España poco más de nueve millones de pensionistas que percibían casi 9,30 millones de pensiones, de las que 6,24 millones son de jubilación. Su coste mensual ascendió a 10.798 millones de euros (por catorce pagas), 662 millones de euros más que hace un año.
