Al cierre del primer trimestre del año las administraciones públicas españolas, incluyendo el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, debían un total de 110.000 millones a sus proveedores. De hecho, la morosidad pública se ha disparado un 28% con respecto al trimestre anterior, alcanzando el mayor nivel desde el inicio de la serie en 2003.
Asimismo, el importe de créditos comerciales y anticipos por pagar de las sociedades no financieras asciende a 455.664 millones de euros frente a los 344.083 de 2014.
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