El sindicato ELA ha dado por buena la propuesta de la patronal y firmará el convenio de la Construcción de Gipuzkoa. El acuerdo recoge los objetivos planteados desde un principio: la garantía del IPC, la reducción de jornada o los respectivos blindajes y garantías del convenio.
Ayer mismo se celebró la asamblea con la plantilla y una amplia mayoría respaldó la propuesta presentada por la patronal. Por lo tanto, hoy se firmará el convenio con la patronal, en la reunión que tendrá lugar en la sede del Consejo de Relaciones Laborales de Donostia.
Estos son los contenidos del acuerdo:
- Vigencia: 3 años (2022-24).
- 2022: incremento del 4% // 2023: IPC + 1,25% // 2024: IPC + 1,25%.
- Reducción de jornada de 6 horas.
- Mejoras en licencias: incrementando a 16 las horas por acompañamiento e incorporando el derecho a dos días para cuidados por intervención sin hospitalización.
- Las indemnizaciones por fallecimiento, incapacidad permanente absoluta y total se incrementan hasta los 150.000 euros.
- Las personas afectadas por un accidente in itinere que derive en una incapacidad temporal, cobrarán el 100% del salario a partir del primer día de la situación de baja.
- Las indemnizaciones por finalización por contrato de obra pasan a ser del 7% del total del salario.
- La nocturnidad se abonará con un complemento del 25% sobre el salario base.
- Se incorporan mejoras para garantizar la correcta aplicación del calendario laboral, mediante un mayor control del registro horario.
- El recurso preventivo en cada obra tendrá que tener al menos la categoría de encargado de obra, para poder realizar correctamente su labor.
- Se incorpora la prioridad aplicativa del convenio respecto del estatal y se mejora el actual artículo 48 de garantía de aplicación del convenio.
- El convenio continúa contando con la ultraactividad indefinida y con la cláusula que evita la inaplicación unilateral del convenio.
A pesar de los avances que supone el acuerdo, ELA afirma que tendrá que seguir defendiendo esas condiciones laborales legalmente establecidas, en las diferentes obras públicas y privadas. “La experiencia demuestra no suele bastar con obligar sobre el papel a que empresas contratistas y sucesivas subcontratas apliquen el convenio, sino que se hace indispensable la implicación directa de las diferentes administraciones e instituciones públicas al respecto”.
