El Gobierno Vasco, con la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco Arantxa Tapia al frente, ha presentado su hoja de ruta mejorar el tratamiento de los residuos no peligrosos con el horizonte puesto en el año 2030 y ha fijado dos objetivos clave: por un lado, reducir notablemente el volumen de vertido de estos residuos, hasta que en 2030 se sitúe en el 15% del total generado; y garantizar que a partir del año 2024 las instalaciones autorizadas tengan capacidad suficiente para recibir el vertido generado en Euskadi, sin necesidad de llevarlo fuera del territorio.
Una de las 10 actuaciones clave establecidas en el Plan es garantizar la autosuficiencia de vertido de Euskadi hasta 2030, en paralelo a la minimización del vertido y el adecuado cierre o clausura de los vertederos existentes al final de su vida útil.
Durante los próximos años, los ocho vertederos que se prevé vayan a recibir residuos no peligrosos son: Gardelegi, en Araba; Epele y Aizmendi, en Gipuzkoa; e Igorre, Bistibieta, Betearte, Zalla y la futura restauración ambiental de Artxanda, en Bizkaia. Con las ampliaciones previstas de las instalaciones de vertido de Igorre, Bistibieta y Betearte, la reapertura de Epele y la restauración de Artxanda, se incrementaría la capacidad de vertido en 4,7 Millones de toneladas, cantidad suficiente para hacer frente a las necesidades de vertido previstas en el Plan de prevención y gestión hasta 2030. En caso de no construirse las plantas de valorización de residuos previstas en el plan de residuos, que suponen una reducción del volumen de vertido, la administración se vería obligada a autorizar nuevos vertederos o la ampliación de los existentes.
A esto se suman otras actuaciones puestas en marcha como las ayudas a proyectos de reciclaje y valorización, y la aprobación en los próximos años de hasta 10 nuevos decretos que abren nuevos usos a los materiales secundarios y prohíben su vertido. Otra medida que se implementará a partir del año 2024 es el canon de vertido. El 1 de enero de 2023, entrará en vigor el canon estatal de vertido para los residuos no peligrosos, fijado en 10 euros por tonelada.
Por último, la hoja de ruta incluye una posible nueva infraestructura para la valorización de residuos y tierras que no tengan una solución inmediata alternativa al vertedero, como tierras de excavación y otros residuos áridos. Con esta infraestructura se podrían almacenar y adecuar para otros usos los materiales secundarios provenientes de estos residuos, evitando así que se lleven a vertedero.
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