La sociedad urbanística municipal de Barakaldo, Eretza, ha firmado este miércoles el Pacto Social por la Vivienda 2022-2036, que recoge compromisos como aumentar la oferta pública de alquiler asequible o rehabilitar una de cada tres casas construidas antes de que concluya 2036. El presidente de Eretza, Juan Antonio Pizarro, ha estado acompañado por el segundo Teniente de Alcalde, Carlos Fernández.
Eretza, de hecho, siempre ha estado a la vanguardia de las políticas que ahora se promueven en el pacto. En 2012 empezó a alquilar viviendas para jóvenes a bajo precio en Lutxana, ha facilitado el acceso a la vivienda de cientos de barakaldeses y barakaldesas con pisos tasados y protegidos (la última vez, hace escasos meses con el sorteo de 135 VPO en Serralta) y canaliza las ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas, hasta el punto de que se ha convertido en ventanilla única de los fondos Next Generation en Barakaldo.
El Pacto Social por la Vivienda ha sido suscrito en un acto desarrollado en el Palacio Euskalduna de Bilbao, que ha estado presidido por el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, el presidente de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, Gorka Urtaran, y la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia.
En total, han sido 88 organizaciones de la sociedad civil, colectivos profesionales, instituciones o empresas las que se han sumado al Pacto Social por la Vivienda 2022-2036; un compromiso compartido para acelerar la conformación efectiva del derecho a la vivienda y que da continuidad al que se suscribió en 2010.
A través de este nuevo acuerdo, desarrollado tras un «amplio proceso de participación», se han fijado cuatro metas cuantitativas hasta 2036 y seis líneas de actuación prioritarias. En concreto, se espera que el 5% de las viviendas principales de la Comunidad Autónoma Vasca se destinen a la oferta pública de alquiler asequible para 2036, lo que supondrá llegar hasta las 50.000 viviendas frente a las aproximadamente 26.000 actuales. Esto supone duplicar el actual porcentaje para pasar a situarnos en 50.000 viviendas de oferta pública de alquiler asequible.
También contempla que el parque de viviendas de protección pública permanente ascienda al 12% de las viviendas principales. Esta meta supone que el parque de viviendas sujetas a protección pública se sitúe en 2036 en torno a las 116.000 viviendas, incrementándose en 42.000 viviendas adicionales en los próximos 15 años.
REHABILITACIÓN
Además, se quiere pasar del actual índice anual de rehabilitación del 1,5% del total de edificios al 3% anual, lo que supone rehabilitar a lo largo de estos 15 años un total de 350.000 viviendas, una de cada tres construidas, aproximadamente.
Otra de las metas recogidas en el Pacto es la necesidad de que haya un parque de vivienda libre, tanto de obra nueva como hogares rehabilitados, para colectivos con recursos económicos suficientes. Para lograr estas metas, se han establecido una serie de líneas de actuación prioritarias, con una serie de directrices y, entre ellas, se contempla una mayor inversión en vivienda apoyada sobre una fiscalidad incentivadora.
Por otra parte, se apuesta por seguir profundizando en la dimensión social de la política de vivienda, a través una mayor integración de la política de vivienda con el resto de políticas sociales. También se plantea generalizar la inclusión de la vivienda en la agenda estratégica municipal poniendo en marcha una línea de apoyo a la elaboración de planes locales de vivienda.
