El presidente del Gobierno asumió ayer, en los actos del día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, estar dispuesto a revisar el delito de malversación que pesa sobre condenados y acusados por el proceso independentista del 2017.
La línea roja para esta reforma de la malversación, según advirtió Sánchez en una conversación informal con la prensa, es que en ningún caso supondrá “un retroceso” en el combate contra la corrupción política ni implicará una rebaja de las penas para estos delitos.
El presidente emplazó a esperar a que ERC registre la enmienda prevista a tal fin a la proposición de ley de reforma del Código Penal, cuyo plazo expira el próximo viernes.
