El pasado 9 de enero un niño de 9 años de edad denunció ante la Ertzaintza haber sufrido agresiones sexuales por parte de un familiar en un piso situado en Donostia en repetidas ocasiones a lo largo de los dos últimos años y, 25 días después, el menor aún no ha sido explorado por un forense.
El día que se interpuso la denuncia la instructora incoó unas diligencias previas para investigar lo ocurrido y ordenó tomar declaración tanto al acusado como a la víctima, además de pedir al equipo psicosocial de los juzgados «un informe de credibilidad y afectación psicológica» del menor. No obstante, no solicitó practicar una «prueba de exploración forense» sobre el niño, tal y como había demandado su abogada. Desde entonces la representación del menor ha reclamado en al menos cuatro ocasiones más la práctica de esta prueba, que no ha sido autorizada por el juzgado hasta el pasado lunes, 30 de enero, y aún no ha sido llevada a cabo.
Mientras tanto, el investigado se encuentra en libertad provisional a pesar de que la acusación particular pidió su ingreso en prisión aunque, como medida cautelar para evitar su fuga, la jueza le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido abandonar el país, además de obligarle a comparecer en los juzgados cada quince días.
