Con el objetivo de frenar el goteo de rebajas de penas a delincuentes sexuales que se han llevado a cabo como consecuencia de la entrada en vigor de la conocida como ley del ‘solo sí es sí’, se han presentado ante el Supremo al menos 90 recursos contra revisiones de sentencias firmes acordadas por las audiencias provinciales y los tribunales autonómicos.
La unificación de criterio del Alto Tribunal es clave porque los jueces de los diferentes territorios están adoptando posiciones contradictorias. Sólo las audiencias de Navarra, La Rioja, Cáceres, Badajoz y, en menor medida, Bizkaia están siguiendo la tesis de la Fiscalía, que defiende que sólo deben reducirse las condenas si la pena anterior no puede ser impuesta con la nueva ley o si resultan “desproporcionadas” respecto a la nueva regulación.
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