La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) está investigando posibles pactos de precios de notarios y sidreros, es decir, si el Colegio Notarial de Euskadi y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Euskal Sagardoa han hecho una «recomendación colectiva de los precios» en sus campos de actuación.
La presidenta de la entidad, Alba Urresola, ha explicado que actualmente trabaja en cuatro expedientes sancionadores, uno de los cuales está ahora en fase de instrucción. Se refiere a las licitaciones de la empresa informática del Gobierno Vasco, EJIE, y en él hay 13 empresas investigadas por posibles prácticas colusorias.
De los expedientes abiertos este año, uno investiga si el Colegio Notarial del País Vasco ha planteado una «conducta de recomendación colectiva en los precios de las escrituras o pólizas notariales» en las moratorias de préstamos por el covid. De igual forma, también por un posible pacto de precios, se ha abierto un expediente al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Euskal Sagardoa. Por último, se ha incoado a las sociedades Furesa y Memora por un posible abuso de posición de dominio en el mercado funerario en Villabona.
En 2022 el ejercicio de la AVC terminó con cuatro sanciones en asuntos que se arrastraban de 2021: la investigación a 36 inmobiliarias de Bilbao por comisiones cobradas por el alquiler, a una empresa de fumigaciones por abusar de su posición «monopolística», a dos empresas funerarias de Gipuzkoa por abuso de posición de dominio, y a dos empresas que pactaron durante cinco años licitaciones del Ayuntamiento de Bilbao.
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