El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictaminado que son una «imposición» los requisitos lingüísticos exigidos por el Departamento de Educación en un contrato vinculado al transporte escolar.
Dicho contrato establecía que a los trabajadores de la empresa privada se les exigiría un nivel adecuado de euskera en sus relaciones con la administración. Una empresa de autobuses de Ondarroa acudió a los tribunales y la sentencia ha establecido que es «abusivo» exigir euskera en sus relaciones con la administración a los trabajadores de las empresas privadas que trabajan en el ámbito público.
Por lo tanto, el TSJPV afirma que no se puede pedir las mismas exigencias de euskera de los funcionarios a los trabajadores de las empresas privadas que presten servicio a la administración pública.
No obstante, no es una sentencia firme y compete al Departamento de Gobernanza Pública del Gobierno Vasco la decisión de recurrirla.
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