![](https://www.gipuzkoagaur.com/wp-content/uploads/2023/05/IMG-20230510-WA0032.jpg)
José Ignacio Asensio: “Me comprometo a modificar los decretos forales normativos en las Juntas Generales para que la recaudación sea finalista e impulsar la economía circular, la reutilización y el reciclaje”.
Durante el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa los tres diputados socialistas votaron en contra del decreto foral normativo que regula el impuesto al vertido, a la incineración y a la coincineración y en contra del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables.
El ala socialista del Gobierno Foral ha denunciado la negativa del PNV a negociar ciertos aspectos de los decretos, como su carácter finalista o el incumplimiento de lo establecido en el Plan marco de residuos de Euskadi 2030.
La finalidad de la Ley Estatal de Residuos, se basa en la desincentivación del depósito de residuos en vertedero, de la incineración y de la coincineración, mediante el fomento de la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos. Su objetivo es potenciar la economía circular y es por ello, que lo socialistas consideran que los ingresos obtenidos con este impuesto deben ser destinados a mejorar la prevención, la reutilización y el reciclaje, y también a la mejora de la gestión de los residuos y a la educación ambiental.
Así viene también recogido en el Plan marco de residuos de Euskadi 2030. Este plan establece en sus actuaciones clave que la cuantía de dicho impuesto ha de ser suficiente para resultar desincentivadora y asimismo, señala que ha de ser un instrumento finalista cuya recaudación permita reinvertir en infraestructuras o ayudas a favor de la prevención, la valorización energética o la mejora de la gestión de los residuos.
Por tanto, los socialistas consideran que al amparo del articulado 84 de la Ley de Residuos y tratándose de una decisión autonómica, debemos considerar que el impuesto sobre vertido e incineración debería articularse con carácter finalista mediante un mecanismo de devolución a los entes locales (ayuntamientos, mancomunidades, Consorcio y Diputación) que permitiese revertir en la gestión de residuos recursos dirigidos a impulsar la construcción de infraestructuras de residuos, estimular las buenas prácticas a través de programas de subvenciones o hacer más atractiva la recogida selectiva en cantidad y calidad.