El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno Olatz Garamendi Landa, el proyecto de ley del Sector Público Vasco que pretende ser una referencia jurídica que dé respuesta a la dispersión normativa actual ante una organización del sector público en Euskadi caracterizada por una compleja diversidad de entidades, con variados textos jurídicos.
A juicio del Gobierno Vasco, los cambios sociales, legislativos, organizativos y tecnológicos experimentados en las últimas décadas hacen inaplazable una actualización normativa que adecúe la arquitectura institucional del sector público vasco y actualice su funcionamiento. Desde que sentaron las bases iniciales de la Administración pública vasca han pasado décadas y en este tiempo han aflorado carencias a las que este proyecto de ley pretende dar cobertura. El fin último es evolucionar la Administración hacia un modelo de gobierno más cercano, eficiente y participativo, así como promover nuevos usos de organización y funcionamiento que han de inspirar la gobernanza actual.
El Proyecto de Ley aprobado hoy consta de 80 artículos, agrupados en cinco títulos, además de dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Gran parte de las previsiones legales recogidas en el proyecto tienen que ver con la organización, estructura y funcionamiento del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, es decir, el conjunto formado por la Administración general de la Comunidad Autónoma, su Administración institucional y los entes instrumentales integrados en la misma. El proyecto define y clasifica los entes del sector público de la CAE y desgrana su estructura y organización, al tiempo que fija mecanismos de colaboración y coordinación interadministrativa. Asimismo, regula la evaluación de entidades del sector público sobre el grado de cumplimiento de los objetivos para los que fueron concebidos.
El proyecto de ley establece el perímetro del sector público vasco, entendiendo por tal al compuesto por los sectores públicos de todas las Administraciones públicas vascas, incluidas la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las Administraciones forales de los Territorios Históricos y las Administraciones locales, todas ellas con su respectiva Administración institucional y los demás entes instrumentales dependientes y adscritos a las mismas. También se considera que integran el sector público vasco los entes de naturaleza pública dotados de personalidad jurídica independiente y sin régimen de adscripción, como el Consejo de Relaciones Laborales y el Consejo Económico y Social Vasco, y cualesquiera otros entes cuya norma de creación así lo determine expresamente, así como la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
De este modo, el texto establece principios y normas comunes aplicables a su dimensionamiento y transformación, y también a su funcionamiento como servicio público y de relación con la ciudadanía, así como los principios de interacción con la ciudadanía, sus derechos y deberes en su relación con la Administración pública vasca. Asimismo, regula los principios que deben guiar la Administración electrónica y el impulso de la participación pública por medios electrónicos, sin perjuicio de la relación presencial en los casos en que se necesitan. El proyecto de ley establece que las dos lenguas oficiales serán lenguas de servicio, de relación y de trabajo en el conjunto del sector público vasco.
Cabe señalar que el proyecto de ley dedica un capítulo completo al régimen de constitución, transformación y extinción de entes. El proyecto endurece las fórmulas de creación de nuevas figuras de gestión, somentiendo la creación de nuevos entes a procesos rigurosos y restrictivos, y además sometidos a control político y evaluación. Además, se prevé la creación del Registro de Entidades del Sector Público de Euskadi en el que se deberán inscribir preceptivamente las principales incidencias de la vida de de las mismas.
Uno de los elementos clave contemplados en el Proyecto de ley es la creación de la Comisión interinstitucional para la racionalización y dimensionamiento del sector público vasco. Entre las funciones de dicha Comisión, compuesta por representantes de los tres niveles institucionales, destaca el estudio y la formulación de propuestas, en relación con el tratamiento de las posibles ineficiencias, solapamientos y duplicidades entre sectores públicos. La evaluación cobra un papel fundamental en esa tarea de evitar solapamientos y duplicidades que sean innecesarios e ineficaces, para racionalizar y simplificar las estructuras administrativas.
El proyecto de ley aprobado en la reunión celebrada hoy por el Consejo de Gobierno será enviado al Parlamento Vasco para su tramitación, debate y, en su caso, aprobación como ley concebida para organizar el quehacer de la Administración vasca, poner fin a la actual dispersión normativa, evitar solapamientos y duplicidades y promover la participación de la ciudadanía en el sector público. En definitiva, pretende la modernización y puesta al día de la Administración pública vasca y el impulso de una nueva cultura administrativa tanto dentro como fuera de la Administración.
