Los Gobiernos de Euskadi y Navarra han mantenido este miércoles una reunión de trabajo para contrastar experiencias y retos de cara a reforzar los respectivos modelos de protección social, a través principalmente de la RGI vasca y de la Renta Garantizada foral, que se han demostrado herramientas esenciales como red de seguridad y cohesión y que, con la crisis generada por el COVID, han demostrado su capacidad para amortiguar los efectos sociales de esta situación inédita.
La Vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha encabezado la delegación de su Departamento, en la que ha estado acompañada por la viceconsejera de Empleo, Elena Pérez Barredo, la directora general de Lanbide, Gloria Múgica, y el director de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui. Por parte del Gobierno foral han participado la consejera de Derechos Sociales, Marí Carmen Maeztu, el director general de Inclusión Social, Andrés Carbonero y Miriam Marton, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo
Durante la sesión de Trabajo, Mendia ha tenido ocasión de trasladar al Gobierno de Navarra su confianza en que los próximos Presupuestos vascos, que se aprobarán en el Parlamento el 11 de febrero, cuenten con al menos con los mismos apoyos con los que han contado los navarros y los Generales del Estado.
“Todos estamos trabajando con una hoja de ruta que compartimos: la garantía de la salud, la reconstrucción económica y social y no dejar a nadie atrás. Es más importante que nunca que el desafío que nos plantea la pandemia sea respondido con responsabilidad y coherencia por parte de las fuerzas políticas, y que nuestras actuaciones estén alineadas. Con todas las diferencias que se quieran expresar, y desde el máximo respeto institucional y competencial, es el momento de que todos nos complementemos para sacar juntos a la sociedad de la actual situación”, ha señalado.
Reforzamiento del modelo de protección
En este sentido, la vicelehendakari ha recordado que el reforzamiento de las políticas de protección social es fundamental y el Gobierno de Euskadi prevé un incremento de 10 millones en la RGI en un presupuesto que en cualquier caso es ampliable, y un aumento en las cuantías del 1,8%. Además, las Ayudas de Emergencia Social se incrementan en otros 15 millones de euros. Y hay una partida reservada de 140 millones de euros para cualquier imprevisto que se presente.
“Es una base sólida con la que afrontar este año 2021, son criterios análogos a los seguidos en Navarra y en el Congreso de los Diputados, y esperamos contar en el Parlamento vasco con la confianza de las mismas fuerzas que trabajamos en esta convicción de rescate social y reactivación económica, y es de eso de lo que estamos hablando con todos los grupos en una conversación que no se agota en los presupuestos, sino que seguirá con todas las transformaciones que tenemos pendientes”, ha destacado.
Idoia Mendia se refería así al trabajo que ya ha comenzado para reforzar el modelo de Garantía de Ingresos e Inclusión, que ha mostrado su gran eficacia como última red de seguridad para la ciudadanía. De cara a la presentación de la próxima Ley, que se remitirá al Parlamento en el último cuatrimestre de este año, la voluntad del Departamento es contar no sólo con las aportaciones ya realizadas por distintos colectivos en la pasada legislatura y con los grupos parlamentarios, sino con experiencias similares en otras Comunidades.
Éste ha sido el asunto abordado en la sesión de trabajo con la Consejería navarra de Derechos Sociales, en la que se han podido contrastar las similitudes y diferencias entre ambos sistemas y las distintas experiencias de gestión, tanto en lo referido al abono de las prestaciones como a los mecanismos de inclusión social y laboral, que es el reto más importante al que se enfrentan quienes están quienes han perdido su empleo o están en riesgo de perderlo.
Además, los equipos de ambos gobiernos, que vienen manteniendo contactos frecuentes desde el principio de la legislatura vasca, afrontan la necesidad de integrar en sus modelos, ya consolidados, la nueva realidad del Ingreso Mínimo Vital, “un gran hito en la protección social para el conjunto de España”.
En este sentido, la Vicelehendakari ha insistido en que la transferencia de esta materia a Euskadi, “más allá de las urgencias, la queremos hacer bien”. “Ya se lo he trasladado también al Ministerio: nuestro autogobierno requiere que sea un traspaso integral, pero es que además no podemos estar mareando a la ciudadanía y remitirle de una ventanilla a otra. Quien requiera del Ingreso Mínimo o de la RGI necesita una atención inmediata y directa a sus necesidades, y nos vamos a empeñar en que sea un complemento que se integre con plena eficacia en nuestro sistema”, ha concluido
