El Consejo de Gobierno ha acordado dar luz verde a la toma en consideración de la proposición de ley sobre el acceso y el ejercicio de profesiones de la actividad física y del deporte en Euskadi. Justifica su criterio favorable a la iniciativa en que ya existe un trabajo muy avanzado en el Parlamento Vasco durante la anterior legislatura para aprobar un texto articulado que se tramitó pero que finalmente no llegó a aprobarse. El documento contó con la participación y las aportaciones en ponencia de muchos agentes del sector.
En la reunión semanal celebrada hoy en Gasteiz, el Consejo de Gobierno ha respaldado la proposición de ley formulada por los grupos parlamentarios del PNV y PSE. El Ejecutivo vasco fundamenta su aval a la iniciativa en la necesidad de abordar el deporte con una perspectiva transversal, como acción de Gobierno, dada su afección a la salud, a la educación, a la inserción social, al mercado de trabajo, a las personas consumidoras y usuarias o al uso del euskera. Destaca la relevancia de la actividad física y de la práctica del deporte como factor de desarrollo y bienestar en la sociedad vasca y constata los riesgos que puede conllevar la práctica del deporte bajo la dirección y la supervisión de personas sin la formación necesaria.
La proposición recoge expresamente cuáles son las profesiones relacionadas con la actividad física y el deporte y las calificaciones que se deben exigir para su ejercicio, atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional, razón por la que regula los aspectos más esenciales de algunas profesiones vinculadas al deporte.
La ley no se circunscribe solo al ámbito de la competición o federado, sino que abarca la diversidad existente en este sector. Las profesiones que se regulan en esta proposición de ley incluyen el ámbito educativo, el recreativo, el competitivo y el de la dirección, reconociendo una profesión por cada ámbito de referencia.
Presta especial atención a la igualdad de hombres y mujeres en el ámbito profesional, mediante la realización de políticas para la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las profesiones reguladas. Además, la iniciativa da cobertura al derecho de la ciudadanía a usar la lengua oficial de su elección.
