- En 2020 Inspección realizó cerca de 5.000 actuaciones centradas en la protección de las personas trabajadoras durante la pandemia de la covid-19
El Departamento de Trabajo y Empleo va a ampliar este año 2021 las campañas de inspección para que se garanticen los derechos laborales y la igualdad en las Empresas de Euskadi. Asimismo, se va a seguir trabajando en la protección de las personas trabajadoras durante la pandemia, que en 2020 supuso casi 5.000 actuaciones de la Inspección de Trabajo.
La viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, ha comparecido hoy en la sede del Ejecutivo vasco en Bilbao para presentar el balance de la Inspección de Trabajo del pasado año, ejercicio cuya actividad ha estado marcada por la aparición de la pandemia. Acompañada por la subdirectora de la Inspección de Trabajo, Iciar González, la viceconsejera ha destacado la ingente labor desarrollada desde la Inspección durante estos meses “ayudando a las empresas a volver al trabajo con suficientes medias de seguridad”.
Tras un año atípico, Pérez Barredo ha insistido en que la Inspección de Trabajo es “una herramienta fundamental en la lucha en favor del empleo de calidad, y una institución clave para perseguir aquellas actuaciones ilegales que son algo más que un incumplimiento de la ley porque implican consecuencias gravísimas a las personas trabajadoras”.
Por esta razón, ha avanzado que en 2021 se van a ampliar la lucha contra el fraude en la contratación, convirtiendo los contratos temporales y a tiempo parcial que encubren una contratación definitiva. Asimismo, se va a poner el foco en las campañas relacionadas con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el mercado laboral, con especial incidencia en el control de los planes de igualdad, que a partir de marzo se amplían a las empresas de más de cien trabajadores; las obligaciones en materia de maternidad, y la campaña de desigualdad retributiva.
18.004 actuaciones en 2020
Con respecto al balance de 2020, a lo largo del año se realizaron 18.004 actuaciones, el 27,5% de ellas (4.965) derivadas de la covid-19. Una parte importante de esta cifra (2.985) han estado relacionadas con los ERTEs por causa económica, técnica, organizativa o de producción, que son los que necesitan expedientes más complejos. Además, ha habido actuaciones por 1.163 ERTEs de fuerza mayor (impedimento o limitación de actividad). Además, se han llevado a cabo 647 actuaciones por riesgo de exposición al coronavirus con 170 requerimientos, si bien las infracciones detectadas han sido únicamente 8.
Con respecto a velar por que se cumpla el derecho a la seguridad y a la salud, se han realizado 4.711 actuaciones, 1.835 de las cuales relacionadas de una forma u otra con la construcción, que es el sector en el que se suele producir el mayor número de accidentes y de mayor gravedad. En lo referido a obra pública (676 actuaciones) en una quinta parte ha habido requerimientos pero no se han impuesto sanciones.
Al igual que ha sucedido en otros ámbitos, la pandemia ha tenido en 2020 un importante efecto en los planes de actuación previstos en todo lo relacionado con la promoción de la igualdad. Y es que no se ha podido extender esta campaña a las empresas de más de 150 trabajadores, medida obligatoria desde marzo de 2020, momento en el que comenzó el confinamiento. Sí se ha avanzado en las de más de 250 trabajadores. Además, quedó paralizada la inspección en el servicio de limpieza de habitaciones en establecimientos hoteleros, campaña en la que Euskadi es pionera desde 2017. Únicamente se pudieron realizar 18 actuaciones durante los meses de enero y febrero.
Las 18.004 actuaciones realizadas el pasado año han derivado en 794 infracciones cuyas sanciones han alcanzado un total de 3,5 millones de euros. No obstante, desde la Inspección de Trabajo se ha insistido en que su objetivo “no es sancionar, sino garantizar los derechos”. De ahí que haya que destacar que únicamente se ha sancionado a una quinta parte de los requerimientos. “Esto significa que se corrigen las irregularidades”, han concluido.
En lo que respecta a la lucha contra el fraude laboral, en un año tan catastrófico para el empleo se ha logrado, mediante la revisión de más de 10.000 de contratos, transformar una tercera parte de estos (3.047. Por género, el 58,65% correspondían a mujeres y el 41,35% a hombres, y en torno al 15% eran contratos a tiempo parcial que han pasado a ser de tiempo completo. El resto de contratos transformados eran temporales que han pasado a ser indefinidos. Desde la puesta en marcha de campañas específicas para este fin a mediados de 2017, se han regularizado 19.763 contratos.
Asimismo, la viceconsejera Elena Pérez Barredo ha asegurado que la Inspección de Trabajo tendrá un papel relevante en la próxima Estrategia Vasca de Empleo 2030 que se va a aprobar próximamente, y que tendrá como objetivo el empleo inclusivo y de calidad.
