- El Gobierno Vasco ha analizado la viabilidad de una ley que regule la gestión en situaciones de crisis de salud pública
- Plantea adecuar la regulación respetando el marco legal actual pero modulándola, porque existen amplias posibilidades de actuación con margen a la interpretación
El Ejecutivo de Urkullu remitirá a los grupos parlamentarios un informe elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno Vasco que analiza el contexto para la elaboración de una ley sobre el régimen de la gestión en situaciones de crisis de salud pública. Se trata de una opinión legal de referencia en torno a la idoneidad de la elaboración de una nueva norma que afiance o incremente las garantías jurídicas de las medidas para afrontar situaciones como la pandemia de la covid-19 y, además, clarifique las herramientas a disposición de las instituciones ante la pandemia.
La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha comparecido ante los medios tras el Consejo de Gobierno semanal y ha explicado los aspectos principales del informe jurídico elaborado por el Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco sobre la viabilidad de una ley integral anticovid que atienda a las necesidades internas de Euskadi en esta materia.
Garamendi ha explicado que las habilitaciones con las que las autoridades sanitarias y el poder ejecutivo en su conjunto vienen actuando tienen como base expresiones amplias, poco concretas y permiten amplias posibilidades de actuación y margen de interpretación. En este sentido, una nueva ley podría ser un “instrumento práctico y de influencia” y se constituiría en una herramienta “eficaz para ordenar” el comportamiento y las actuaciones de instituciones, agentes públicos y privados y la ciudadanía. En definitiva, pretende reforzar la seguridad jurídica de las actuaciones anticovid de las instituciones vascas; ordenar y clarificar los ámbitos de actuación posibles; y propiciar una mayor comprensión social y claridad sobre las medidas adoptadas.
Asimismo, ha añadido que corresponde a las instituciones vascas ocuparse de la primera línea de actuación y responsabilidad en la gestión de la pandemia porque “tienen experiencia, sostén legal y los instrumentos prácticos y jurídicos para actuar de forma inmediata y eficaz”.
Este nuevo régimen jurídico de gestión de alerta sanitaria operará en todo momento dentro de la insoslayable supervisión judicial de control de la actuación administrativa. Además, una ley que atienda a las necesidades internas de la Comunidad Autónoma de Euskadi no desbordaría el marco legal vigente, tanto estatal como vasco, que regula la salud pública.
Garamendi ha señalado que el estado de alarma “no impide” una nueva regulación autonómica vasca, en todo caso sería “complementaria”. Además, ha precisado que el estado de alarma “representa una pequeña parte, aunque importante, de las soluciones jurídicas, colectivas y particulares que requiere la atención a la pandemia”. Garamendi ha subrayado que “se trata de exprimir al máximo nuestro ámbito competencial, sin injerencia alguna en el espacio de los derechos fundamentales y sin poner en duda el alcance de las herramientas legales de las que disponemos hasta ahora”.
Además, podría aportar soluciones legislativas para hacer frente a las graves consecuencias económicas derivadas de la pandemia mediante compensación o indemnización de perjudicados, creación de fondos o líneas de ayuda específicas o asignación de incentivos públicos para la regeneración de empresas y negocios.
