- ELA, LAB y CC.OO. se levantan de la Mesa General en la que el Ejecutivo les ha planteado una hoja de ruta para reducir la alta tasa de interinidad en la Administración vasca
- El Gobierno Vasco propone a los sindicatos trabajar conjuntamente para poner en marcha sin demora una OPE de consolidación como palanca para activar las medidas necesarias para reducir la temporalidad
- La vía del concurso-oposición en los procesos selectivos garantizaría la seguridad jurídica del proceso y evitaría incertidumbres judiciales
El Gobierno Vasco lamenta la decisión de los sindicatos ELA, LAB y CC.OO. de abandonar la negociación sobre la temporalidad en el empleo público. Las centrales se levantaron de la mesa tras recibir de primera mano la propuesta del Ejecutivo durante la reunión de la Mesa General ayer en Lakua (Gasteiz). Ante el inmovilismo mostrado por parte de algunas centrales sindicales (UGT no secundó el plante), el Gobierno no se detiene y continúa con su plan de trabajar para atajar la alta tasa de interinidad en la Administración vasca. “No podemos seguir perpetuando el problema de la temporalidad sine die, y la postura del Gobierno en este sentido ha sido clara desde el comienzo de la Legislatura”, ha señalado al término de la reunión el Viceconsejero de Función Pública, José María Armentia, que, no obstante, ha llamado a retomar el diálogo entre Gobierno y sindicatos.
El Gobierno Vasco ha presentado a los sindicatos una propuesta de medidas a trabajar conjuntamente para reducir la temporalidad en la Administración pública, uno de los objetivos principales fijados por el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno para la presente legislatura. El Ejecutivo ha planteado a los agentes sociales representados en la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi diferentes medidas para atajar la alta tasa interinidad del personal. La propuesta tiene lugar en un contexto inminente de varias convocatorias de ofertas públicas de empleo. Este próximo domingo, tendrá lugar una de Educación con 1.148 plazas y posteriormente se procederá a la ejecución otras dos, una en Osakidetza y luego otra en la Administración General.
En la reunión celebrada esta tarde en la sede central del Gobierno Vasco, en Lakua, han participado además de Armentia, el director de Relaciones Laborales, Jon Agirre, y la directora del IVAP, Maite Iruretagoiena, así como los representantes sindicales en la Mesa General. En este foro participan las centrales sindicales con las que habitualmente se aborda la negociación colectiva referida a las personas que trabajan en el conjunto de la Administración Pública de Euskadi.
Las personas responsables de Función Pública han trasladado a los agentes sociales su intención de seguir planteando iniciativas para salir de esta situación y les han urgido a explicar las razones concretas por las que vienen rechazando las propuestas realizadas desde Función Pública. También les han invitado a realizar un análisis y diagnóstico compartido para tener una fotografía real sobre los datos reales de la plantilla. En este sentido, han rechazado los datos que los sindicatos exhiben sobre la tasa de interinidad, incluyendo la interinidad no ofertable. El Viceconsejero Armentia ha aclarado que “las cifras que por parte de los agentes sociales se vienen utilizando superan en al menos un 25-30% las tasas de temporalidad a reducir que se manejan en el Gobierno Vasco”.
Como primera medida, se propone convocar de manera urgente y excepcional un proceso selectivo de consolidación que arrancará a finales de este año en el que se tendrá en cuenta la experiencia de las personas aspirantes en la administración convocante. El proceso se concretará conforme a las premisas recogidas en la el Proyecto de Ley de Cuerpos y Escalas, que actualmente sigue con su tramitación parlamentaria.
Los procesos selectivos serán abiertos y tendrán la forma de concurso-oposición, garantizando la libre concurrencia y respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Estos procesos estarán enmarcados en el marco jurídico vigente, de modo que estará garantizada la seguridad jurídica de los mismos.
