- Su presidenta, Juana Balmaseda, y su coportavoz, Jon Mirena Landa, presentan el primer informe en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco
- 35 de los 55 casos que ya se han estudiado han sido expuestos para su reconocimiento y reparación; el resto está en proceso de análisis
- Se ha recibido cerca de un millar de solicitudes de vulneración de derechos, que deberán ser revisados y analizados
Vitoria-Gasteiz, 23/06/2021
La Comisión de Valoración para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999 ha presentado hoy su primer informe desde que se constituyera el 10 de julio de 2018. No obstante, los continuos procesos judiciales y la posterior pandemia han provocado que no pudiera comenzar su trabajo hasta mediados de 2020.
Ahora, esta comisión multidisciplinar –hay historiadores, juristas, peritos forenses, personas expertas en víctimas…- ha acudido a la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco para presentar las conclusiones de su primer año de trabajo. La presentación ha correspondido a su presidenta, Juana Balmaseda, y a su coportavoz, Jon Mirena Landa.
Según han expuesto a sus señorías, una de las principales conclusiones que han obtenido tras el análisis pormenorizado de los expedientes recibidos es que se ha detectado un “cierto patrón de actuación por las técnicas empleadas y su etimología criminal: la bolsa, la bañera, golpes, el pato, la rueda”, ha enumerado Landa, quien ha añadido que también se registraron “humillaciones constantes, privación sistemática del sueño, clima de terror ambiental, amenazas de extender la acción a familiares, amigas, exposición a gritos de terceros reales o grabados”.
En esta misma línea, el coportavoz de la Comisión de Valoración ha explicado que también han encontrado un “patrón frecuente” en la omisión del deber de investigar “las violaciones de los derechos humanos”, así como en la actitud de la judicatura, que no veló por “las garantías o la legalidad”.
Estas afirmaciones han llegado acompañadas de ejemplos muy detallados con testimonios que han recogido durante el proceso de evaluación.
En este sentido, la Comisión de Valoración ha explicado en su comparecencia que su metodología de trabajo se ha basado en la realización de entrevistas con las víctimas “con gran impacto emocional en la mayoría de los casos”, tal y como han reconocido; reuniones-debates con la asistencia de todos los miembros de la Comisión, previo examen pormenorizado de cada caso; solicitud de información complementaria; “testimonios de personas conocedoras de los hechos”; coordinación con peritos forenses, y estudios particulares de los contextos históricos.
55 expedientes analizando; 35 resueltos
Según ha anunciado Juana Balmaseda antes de entrar al Parlamento Vasco, la Comisión de Valoración está analizando 55 expedientes, aunque 35 de ellos ya están resueltos y han sido “propuestos para su reconocimiento y reparación” tras confirmarse la “grave vulneración del derecho a la vida, a la integridad física, psíquica, sexual o moral”.
Una vez ya dentro de la Cámara, Balmaseda ha detallado que los 55 expedientes corresponden a 12 mujeres y 43 hombres, cuyas edades oscilan entre los 24 y los 50 años. “Siete víctimas eran menores de edad cuando sucedieron los hechos”, según han constatado.
Bizkaia (39) es, por territorios, donde procede la mayor parte de los expedientes analizados; seguido por Gipuzkoa (10), Álava (4), Navarra (1) y Madrid (1). En cuanto a los años, 1972 fue el que más incidencias registró, con 12 expedientes; 1975, fueron 11, y en 1976, 8.
Once de los casos acabaron con el fallecimiento de la víctima y 36 estuvieron motivados por tortura o malos tratos. En lo que se refiere a la filiación política, casi la mitad no tenía una vinculación con ninguna ideología; mientras que el resto representaba a un amplio espectro político y social.
Juana Balmaseda ha hablado también de la perspectiva de género de las víctimas en el estudio de los casos presentados, definiéndola como “un componente añadido de humillación por razones de género”. Así se ha referido a “habituales formas de abuso” policial como “amenazas de violación, tocamientos, cacheos exagerados, desnudez inmotivada…”.
En su relación con las víctimas, Jon Mirena Landa ha destacado que “valoran muy positivamente ser atendidas y que se les escuche su testimonio, en tantas ocasiones silenciado, produciendo efectos liberadores…”. Asimismo, ha explicado que “quieren que se sepa qué les pasó”, ya que a veces perciben que hay “relatos que distorsionan y agreden su verdad, su realidad e, incluso, que buscan ocultar y negar su existencia”.
Para concluir, Juana Balmaseda y Jon Mirena Landa ha expuesto una serie de recomendaciones que la Comisión de Valoración propone tanto a instituciones como a las diferentes fuerzas políticas. En este sentido, consideran necesaria la celebración “de un acto público anual de reconocimiento” y han solicitado “cautela y una mirada pro-víctima para evitar la revictimización de estas personas que llevan ya demasiados años arrastrando el olvido”.
