El Departamento de Trabajo y Empleo ha cerrado el segundo borrador de la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión con la incorporación de 110 alegaciones recibidas, por lo que procede a remitirlo para los informes preceptivos antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno antes de que acabe el presente año.
Tras su presentación pública y en diversos foros el pasado mes de mayo, la Vicelehendakari y consejera Idoia Mendia dio inicio al trámite de audiencia, que se prolongó a lo largo de todo el mes de junio y en el que se recibieron alrededor de 300 aportaciones de personas particulares y colectivos afectados, ayuntamientos y diputaciones, agentes sociales y del Tercer Sector. Todas las alegaciones han sido respondidas, y se han estimado total o parcialmente 110, aquellas que mejoran el texto original para actualizar y modernizar el modelo de éxito, referencia en el resto de España, que durante tres décadas se ha mostrado como una de las mejores inversiones sociales en Euskadi.
La reforma que se continúa ahora pretende adaptarse a las nuevas realidades sociales y familiares, proteger con mayor intensidad a las unidades convivenciales con menores y con mayores, integrar la nueva prestación del IMV y facilitar los trámites tanto a las personas sujetas del derecho como a quienes lo tramitan en Lanbide. Para ello, se ha tomado como referencia la proposición de ley registrada la pasada legislatura en el Parlamento, pero también las decenas de comparecencias parlamentarias de distintos agentes, así como la integración del IMV. Con todos esos argumentos se elabora esta nueva ley, que tiene como bases el doble derecho y reciprocidad, en el marco de las políticas de activación, la vinculación a las políticas de empleo, las prestaciones orientadas al conjunto de la unidad familiar, y el carácter diferencial y subsidiario destinado más a la complementación que a la sustitución de rentas.
Igualmente se mantiene la vinculación con las políticas de empleo y otros sistemas de inclusión, al igual que sucede en la mayoría de los modelos de nuestro entorno. La ley avanza en la relación entre los diferentes sistemas de inclusión, especialmente el de empleo y el de servicios sociales, sin olvidar la relación con la salud, la vivienda o la educación, incorporando la obligatoriedad de establecer un programa integrado y personalizado de inclusión con las personas perceptoras.
El segundo borrador, que con las incorporaciones realizadas mantiene las líneas marcadas en el original, pasa ahora a la tramitación ordinaria dentro del Gobierno, para someterse a los preceptivos informes jurídicos y económicos, con el objetivo de que sea aprobado por el Consejo de Gobierno a finales de año y el Parlamento pueda abordar su debate y aprobación definitiva.
Nota: el documento de bases en el que se explican los objetivos y el análisis de los modelos avanzados de protección está disponible en:
El anteproyecto está disponible en:
