- La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno presenta el libro ‘La erosión silenciosa’, que reúne informes jurídicos sobre la erosión competencial vía doctrina constitucional y normativa estatal
- Critica la erosión competencial que padece el autogobierno vasco, perjudicial para las instituciones y la sociedad vasca
La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha denunciado la erosión y debilitamiento del Estatuto de Gernika a través de la legislación estatal, la jurisprudencia constitucional y el despliegue del poder normativo y ejecutivo del Estado español. La consejera ha puesto en valor la defensa judicial, institucional y política realizada por el Gobierno Vasco ante esta erosión de las competencias recogidas en el Estatuto vasco de autonomía, “violentando” el reparto de competencias pactado entre el Estado y Euskadi.
Garamendi ha valorado así la situación del autogobierno y del Estatuto de Gernika durante la comparecencia en la que se ha presentado el libro ‘La erosión silenciosa’ que recoge los informes jurídicos elaborados por personal y por letradas y letrados del Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco sobre el vaciado de las facultades exclusivas de Euskadi mediante diferentes vías de ingeniería jurídica por parte de los poderes del Estado. En este sentido, ha señalado que es necesaria la defensa judicial del autogobierno reconocido, “que con frecuencia sufre las consecuencias del impulso recentralizador del Gobierno español de turno”. A su juicio, “la progresiva intromisión y, en ocasiones, laminación de las capacidades de las administraciones vascas a través de ingeniería jurídica de diferente índole es moneda corriente por parte del Estado”.
Durante su comparecencia hoy ante los medios en el Archivo Histórico de Euskadi, en Bilbao, la consejera ha destacado la publicación de este libro con informes jurídicos sobre la erosión competencial porque “arroja un halo de luz sobre la erosión competencial que ha sufrido y sufre el autogobierno vasco”. Según ha señalado, se trata de un “erosión silenciosa, continua y, sobre todo, muy perjudicial para los intereses de las instituciones y el conjunto de la sociedad vasca”.
Técnicas jurídicas y políticas Tras destacar que esa práctica suele estar a menudo de la legalidad que proclama la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la consejera ha advertido de que es “perjudicial para el mantenimiento del espíritu del pacto estatutario vasco”, en la medida en que se han visto “truncadas” algunas políticas públicas en Euskadi.
Garamendi, que ha estado acompañada de la Directora de Autogobierno, Begoña Pérez de Eulate, ha explicado que la erosión competencial se ha producido a través de “técnicas jurídicas y políticas diversas que se han ido produciendo durante muchos años”. Una de ellas consiste en la invocación y aplicación de títulos competenciales transversales del Estado para legislar sobre materias de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Otra vía es recurrir a razones excepcionales para la atribución de funciones ejecutivas no reservadas constitucionalmente al Estado.
El Estado también recurre a otra técnica centralizadora basada en utilizar el poder de gasto estatal para influir en políticas públicas de competencia autonómica. En la práctica se vale de estas inyecciones financiera para dirigir la actividad de sectores que se encuentran fuera de su ámbito competencial.
Garamendi ha explicado varios ejemplos de erosión de las capacidades exclusivas de Euskadi y, entre otros, ha subrayado uno referido a la materia de asistencia social, “respecto a la que nuestro Estatuto nos otorga competencias exclusivas”. Así sucedió con la regulación de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad sobre las que el Gobierno Vasco aprobó un decreto conforme a su competencia exclusiva en materia de asistencia social. Con posterioridad a ello, el Estado dictó un Real Decreto sobre esta misma cuestión. El Gobierno vasco reaccionó en defensa de las competencias exclusivas vascas, pero el Tribunal Supremo resolvió la cuestión en 2017 reconociendo que la normativa estatal estaba bien amparada y que ello suponía el desplazamiento de gran parte de la regulación del decreto vasco sobre estas tarjetas de aparcamiento.
Garamendi ha subrayado la importancia de la defensa judicial del Gobierno Vasco ante esta situación. En lo judicial, esta defensa se concreta en dos procedimientos: el recurso de inconstitucionalidad, cuando surgen dudas fundadas de inconstitucionalidad sobre una norma estatal; y el conflicto positivo de competencia (para realizar un requerimiento previo al Estado para que derogue la norma o acto).
Por su parte, Pérez de Eulate ha señalado que los informes jurídicos recogidos en el libro permiten conocer los cambios en la doctrina constitucional que derivan en el menoscabo de las competencias autonómicas. Según ha afirmado, los informes permiten conocer esos cambios doctrinales y sociales, “analizarlos y aportar estímulos para que nuestro autogobierno avance de forma segura, dinámica y duradera”.
Publicación del libro Este estudio comenzó a elaborarse la pasada legislatura en cumplimiento de lo recogido en el Programa de Gobierno, concretamente en el compromiso 172 titulado ‘Defensa del autogobierno reconocido”. Todo ello con el objetivo declarado de “elaborar un estudio que incorpore una valoración de la erosión de las competencias autonómicas en determinadas materias o títulos competenciales por la acción normativa del Estado y por la doctrina del Tribunal Constitucional”.
El fruto de ese minucioso trabajo son los informes jurídicos compilados en formato de libro para que cualquier interesado o interesada en el tema pueda consultarlo con facilidad y comodidad, y no tenga que andar rebuscando en distintas y dispares fuentes. El libro ha sido editado por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y ha sido elaborado por expertos jurídicos: José Andrés Blasco, Luken Larburu, Javier Moreno, Zelai Nikolas y Luis María Rousse, además de la propia Begoña Pérez de Eulate, que también ha sido la coordinadora del estudio. El libro está prologado por la consejera Garamendi, así como por el viceconsejero de Régimen Jurídico, Sabino Torre, y por el profesor de Derecho Constitucional, Santiago Larrazabal.
Los informes de erosión inciden en políticas públicas como Asistencia y servicios sociales, Sanidad, Educación, Régimen Local, Medio Ambiente, Función Pública, Empleo, Vivienda, Ordenación del territorio, Agricultura, Comercio, Acción Exterior y Derecho foral privado. El libro, editado en castellano y en euskera (bajo el título ‘Higadura isila’), alcanza casi las 700 páginas, lo que en sí mismo da una idea del volumen de la injerencia estatal en las capacidades de Euskadi.
