El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha analizado este miércoles en Onda Vasca los principales asuntos de actualidad en las áreas que gestiona su Departamento. Arriola ha puesto en valor los avances que se están dando para impulsar la puesta en marcha cuanto antes del servicio del tren de alta velocidad en Euskadi. «Lo importante es que hay un acuerdo político entre el Gobierno Vasco y el de España para avanzar con las inversiones y los planes necesarios» en esta infraestructura, «un proyecto muy importante para Euskadi».
Arriola ha explicado que existe un «acuerdo político» que se concretará ahora para que el Ejecutivo vasco asuma mediante encomienda de gestión el túnel de Zaratamo-Cantalojas para los accesos a Bilbao y una parte del nudo de Arkaute, para la llegada de la alta velocidad a Vitoria -cuyo acuerdo político para sacar a licitación el proyecto básico a través de Adif ha recordado, en paralelo a la tramitación del estudio informativo-. Asimismo, ha recordado que los trabajos de la encomienda actual, para el ramal guipuzcoano, se terminarán esta legislatura.
Sobre la L5 del metro de Bilbao, el consejero ha indicado que «tenemos ya el proyecto constructivo y un acuerdo entre el Gobierno Vasco y la Diputación foral de Bizkaia sobre la solución que se quiere acometer». Se trata de un «proyecto necesario con un coste importante» y por esta razón ha remarcado que la parte financiera, pendiente de si la L5 recibe financiación externa, es un aspecto «clave para poder desatascarlo».
La mitad de las familias en alquiler en Euskadi, con ayudas del Gobierno Vasco
En materia de Vivienda, el consejero ha resaltado que «no hay varitas mágicas» para abordar este reto y ha explicado cómo la sociedad ha cambiado en la última década, de la preeminencia de los hogares en propiedad a una apuesta por el alquiler. «En Europa hay una tradición por el alquiler de un siglo, aquí llevamos 15 años en esta senda», ha recordado. Euskadi tiene «un problema de oferta de vivienda», ha señalado, y, en este sentido, Arriola ha enumerado la batería de medidas que el Departamento tiene en marcha: la construcción de viviendas en arrendamiento para impulsar el parque público -el Gobierno Vasco gestiona 15.000 de las 25.000 viviendas públicas de alquiler en Euskadi-, la movilización de viviendas vacías a través del programa Bizigune, que ceden las personas propietarias a la administración «cobrando mensualmente y con la garantía de arreglar desperfectos si los hay antes de devolvérsela» o el nuevo decreto de vivienda deshabitada «muy garantista, que no pretende recaudar, pretende movilizar la vivienda vacía para que sea útil para la sociedad», así como el incremento de las ayudas a la rehabilitación.
Asimismo, ha resaltado que la mitad de las familias que viven hoy en alquiler en Euskadi reciben algún tipo de ayuda del Gobierno Vasco, bien a través de una vivienda pública o bien a través de las ayudas para el pago del alquiler -prestación complementaria de vivienda, prestación económica de vivienda, Gaztelagun y ayudas de emergencia social-.
Ante la posibilidad de contener los precios del alquiler, el consejero ha recordado que Euskadi no tiene competencias para hacerlo y ha reiterado que el Gobierno Vasco realizará un estudio sobre las posibilidades que se abren ante la futura Ley estatal de Vivienda, una normativa ante la que se ha mostrado «expectante». El análisis ya se ha incorporado al Plan Director de Vivienda 2021-23, y el consejero se ha mostrado dispuesto a «aplicar aquí las medidas que entendamos razonables para que los precios no se escapen de forma disparada».
