- La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno insta a mantener una relación bilateral con el Estado y a evitar las judicializaciones de las normas vascas
- Urge al Ministerio y al presidente Sánchez a que demuestren voluntad política con las transferencias pendientes porque “no están moviendo las cosas lo suficiente”
La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha denunciado la erosión y debilitamiento del Estatuto de Gernika y, en general, del autogobierno vasco por parte del Gobierno español con actuaciones y medidas que guardan una “apariencia de legalidad”. Esta erosión competencial se produce por medio de una ingeniería jurídica y política que desemboca en un recorte y limitación de capacidades exclusivas del Gobierno Vasco, a través de legislación estatal, jurisprudencia constitucional y despliegue de poder normativo y ejecutivo del Estado. Por ello, Garamendi ha apremiado al Ejecutivo español a mantener en todas las cuestiones sobre leyes o decisiones “tengamos una relación bilateral, sin llegar a judicializaciones y a extender sus acciones a ámbitos que son nuestros”.
En una entrevista a Euskadi Irratia, Garamendi se ha referido a las erosiones competenciales del autogobierno vasco en diferentes ámbitos, unos más explícitos que otros. En este sentido ha asegurado que el Ministerio de Política Territorial sigue sin enviar propuestas de negociación sobre las transferencias pendientes y ha apremiado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a que impulse el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y el calendario de transferencias que, por otra parte, ya está caducado. “Somos flexibles con los plazos, pero exigimos al Gobierno de Sánchez que ponga sobre la mesa propuestas para negociar”, ha aseverado.
Cuestionada sobre la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la consejera ha reconocido que es bueno el acuerdo del grupo parlamentario del PNV en el Congreso de los Diputados y el Gobierno español a finales de octubre, porque incorpora las bases necesarias para que sea asumida por el Ejecutivo vasco: respeta la figura de la transferencia, plantea su ejecución mediante la vía del Concierto Económico y prevé que la tramitación, el reconocimiento y el pago de la prestación corresponde al Gobierno Vasco.
Sin embargo, Garamendi asegura que ahora es el Ministerio de Política Territorial el que tiene que incorporar esas bases a la propuesta de negociación. Para ello se necesita voluntad política por parte del Ministerio, pero también por parte del presidente del Gobierno español, “porque a él le corresponde impulsar el proceso y en estos momentos las cosas no se están moviendo lo suficiente”. La consejera ha explicado que espera que su rechazo a participar el pasado viernes en el Comité preparatorio, de seguimiento e impulso de la Conferencia de Presidentes autonómicos, suponga un punto de inflexión en el tratamiento del proceso transferencial por parte del Gobierno español y ha reconocido que mantienen contactos con el Ministerio.
