Comunicado de la Delegación Vasca de Observación de Derechos Humanos en Colombia

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Bogotá, 29 de enero de 2022

El Viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno Vasco, José Antonio Rodríguez Ranz, ha liderado una Delegación de Observación de Derechos Humanos en Colombia entre el 23 y el 29 de enero, en el marco del Programa Vasco de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.

La Delegación ha estado compuesta, además, por la Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco, Monika Hernando, acompañada de Nerea Cambra, trabajadora social de su dirección; por Noemí de la Fuente y Ana Rojo de eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo; una representación de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco conformada por Leixuri Arrizabalaga (Presidenta), Iñigo Iturrate (PNV), Oihana Etxebarrieta (EH Bildu), Miren Gallastegi (PSE), Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos-IU), Carmelo Barrio (PP-Cs) y Juan Carlos Areizaga (letrado); y por las organizaciones de derechos humanos y cooperación Mugarik Gabe (Lorea Undagoitia), Alboan (Leire Morquecho), Emigradas sin Fronteras (Luis Eduardo Royero) y Zehar (Alberto Cereijo y Leire Lasa).

Además de Bogotá, la Delegación Vasca ha visitado Santander de Quilichao (Cauca), Medellín (Antioquia) y Montería (Córdoba), donde se han reunido con las organizaciones a las que pertenecen tres personas acogidas en el Programa: Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), la Organización Indígena de Antioquia (OIA) y el Resguardo Mayor Alto San Jorge (Montería). Agradecemos su recibimiento y acogida. Asimismo, la Delegación ha mantenido encuentros con el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), la Corporación para el Desarrollo Social Comunitario (CORSOC), la Corporación Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá (Cordupaz), la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Brigadas Internacionales de Paz (PBI Colombia) y la Fundación Vivamos Humanos.

La Delegación también se ha reunido con la Representante País de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Embajada de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Mesa Humanitaria de Derechos Humanos Indígenas de Antioquia y las siguientes instituciones colombianas: Defensoría del Pueblo, Agencia Nacional de Tierras y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Lamentamos que, por primera vez, la Unidad Nacional de Protección no haya recibido a la Delegación, alegando razones de agenda.

Tras las reuniones realizadas, los testimonios recibidos y la documentación previamente analizada, la Delegación Vasca muestra su APOYO y su SOLIDARIDAD con las personas defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, el pueblo negro y las comunidades campesinas, principales víctimas de la violencia y el conflicto. La Delegación reconoce el compromiso con la construcción de paz de estas personas y colectivos y reivindica su derecho al ejercicio legítimo del uso de la protesta social como herramienta de transformación social y política.

Muestra su apoyo al trabajo de la OACNUDH, organismo fundamental en la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz.

Reitera su compromiso con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, resultante de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas

Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP): Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

La Delegación DENUNCIA expresamente el aumento de la violencia y el recrudecimiento del conflicto, lo que se traduce en un mayor hostigamiento, masacres, asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados masivos de las comunidades rurales y las personas defensoras de derechos humanos. Solo durante la semana que la Delegación Vasca ha permanecido en el país se han producido asesinatos, atentados, secuestros de menores y otros hechos violentos de extrema gravedad. Denunciamos todos ellos y queremos recordar expresamente a los guardias indígenas nasa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Breiner David Cucuñame y Albeiro Camayo. Esta organización ha participado en el Programa Vasco de Protección en diferentes años.

En 10 años del Programa, tras varias visitas de seguimiento al país, es la primera vez que no podemos acceder a los territorios. De la misma forma, no se dan las condiciones de seguridad para garantizar la entrada de los organismos internacionales y los entes de control. Todo ello constituye una muestra clara de la inseguridad que viven las comunidades étnicas y las personas defensoras de derechos humanos.

En este marco, señalamos que el reclutamiento forzado y la colocación de minas antipersona vuelven a ser una práctica de guerra de los grupos armados presentes en el país.

En un contexto de movilizaciones masivas y pacíficas en el país, que tuvieron un tratamiento militar por parte del Gobierno colombiano, la delegación manifiesta su preocupación por la criminalización de la protesta que puede verse agravada por la recientemente aprobada Ley de Seguridad Ciudadana, aumentando el riesgo de montajes judiciales contra las personas que tomaron parte las movilizaciones, principalmente jóvenes que salieron pacíficamente a revindicar sus derechos básicos.

Los territorios más afectados son aquellos en los que hay mayor presencia de economías ilegales (minería, expansión de los cultivos de uso ilícito…). Consideramos necesaria la presencia institucional integral en los territorios, más allá de la presencia exclusivamente militar.

La falta de implementación de los Acuerdos de Paz, firmados en 2016 para superar el conflicto, está en la base de la crisis humanitaria que atraviesa el país y que ha sido constatada por esta Delegación.

El contexto electoral del primer semestre del año está generando un aumento de las violencias contra las personas defensoras de derechos humanos. Es de especial preocupación el intento de bloquear, mediante la violencia, el acceso de las víctimas a la Cámara de Representantes a través de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y las Curules Especiales de minorías étnicas.

A su vez, los procesos electorales constituyen una oportunidad para que el Gobierno resultante asuma un compromiso decidido con la implementación real, efectiva e integral de los Acuerdos de Paz.

Ante eso, la Delegación Vasca, URGE a:

– Garantizar la participación política, especialmente la de los sectores históricamente más golpeados por el conflicto y la persecución política, la reanudación de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo y todos los actores armados fuera de la ley. La convocatoria y avances efectivos de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, es un requisito ineludible para ello.

– Reforzar y avanzar en la implementación de mecanismos de prevención y protección colectiva, y visibilizar y poner en valor el trabajo de las personas defensoras; específicamente el reconocimiento y fortalecimiento de los mecanismos de

protección y control territorial propios de los grupos étnicos: guardias indígenas y guardias cimarronas.

– Avanzar en la legalización de las tierras de los pueblos indígenas y el pueblo negro.

– Fortalecer la presencia institucional en las zonas rurales mediante el desarrollo social, económico y cultural, con enfoque étnico y de género.

– Impulsar de forma decidida los sistemas de reparación individual y colectiva de las víctimas del conflicto. La prórroga de la Ley 1448 por otros 10 años abre una oportunidad para alcanzar los objetivos definidos en la ley, siempre y cuando exista una dotación presupuestaria acorde al universo de víctimas del país.

– Reconocer y promover los Acuerdos Humanitarios consensuados por las comunidades rurales, que cuentan con el apoyo de amplios sectores sociales e institucionales y constituyen una salvaguarda para la población civil donde existe presencia de diferentes actores armados en disputa.

COMPROMISOS:

La Delegación Vasca muestra su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y la Paz mediante el fortalecimiento del Programa Vasco de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y el apoyo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y las Mesas Humanitarias. Y manifiesta su total disposición a seguir apoyando a las organizaciones, comunidades y colectivos que cada día apuestan por vivir en un país en paz con justicia social.

 

Delegación Vasca de Observación de los Derechos Humanos en Colombia