La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado todas las investigaciones realizadas sobre el patrimonio del rey emérito al no encontrar indicios suficientes. El jefe de la Fiscalía Anticorrupción ha firmado dos decretos de archivo que constatan conductas que podrían haber dado lugar no solo a delitos fiscales, sino también de blanqueo de capitales y de cohecho, pero el ministerio público ha llegado a la conclusión de que algunas están prescritas o no son perseguibles porque se cometieron antes de 2014, cuando Juan Carlos I estaba blindado por la inviolabilidad.
En cuanto a los actos presuntamente delictivos que se pueden demostrar a partir de 2014, como las donaciones de dinero no declaradas de inicio a la Hacienda española, han quedado sin reproche penal por la regularización fiscal presentada por el rey emérito y que la Fiscalía da por buena.
Esta nueva situación deja la puerta abierta a la vuelta del rey emérito a España.
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