Más remilitarización trae más cárcel para los guardias civiles.
Asociaciones de guardias civiles claman contra la anacrónica aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles, una situación que da lugar a castigos desproporcionados, como condenar a cuatro meses de prisión a una persona por discutir con su jefe.
Las asociaciones profesionales AUGC, UniónGC y AEGC quieren mostrar su indignación ante el injusto y desproporcionado castigo que ha caído sobre Sergio, un joven guardia civil que el pasado día 29 de enero ingresaba en el penal militar de Alcalá Meco para cumplir cuatro meses de cárcel por una simple discusión de trabajo.
En pleno siglo XXI, un trabajador honrado es privado de libertad y apartado de su familia por unos hechos que apenas constituirían, como mucho, una simple falta ante la justicia ordinaria. Sin embargo, la anacrónica aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles supone que estos sean juzgados por tribunales arcaicos, no independientes, no imparciales ni neutrales, ligados al mando militar, que no superan los estándares comunes a los demás órdenes jurisdiccionales.
Esta circunstancia tiene como consecuencia que los guardias civiles estén expuestos de manera permanente a la arbitrariedad de sus mandos y de los jueces militares, integrantes ambos de los juzgados togados militares, auténticas reliquias de la etapa preconstitucional.
Resulta de todo punto inadmisible e indigno que en una sociedad democrática se condene a prisión a una persona por el simple hecho de tener un mal día en el trabajo y dirigirse de manera que el jefe considere poco adecuada, algo que está muy lejos de constituir un delito castigado con la cárcel en cualquier Estado de derecho.
Así lo entiende la sociedad, como se deduce de la enorme repercusión que la entrada en el penal de Sergio ha tenido en medios de comunicación nacionales y regionales, así como de la masiva firma de solicitudes de indulto para Sergio a través de una plataforma en Internet.
Por todo ello, las asociaciones profesionales quieren manifestar al Ministro del Interior y al Director General de la Guardia Civil su estupor ante la línea remilitarizadora del Cuerpo que impulsa el actual Gobierno, y que de mantenerse provocará que en próximas fechas ingresen en prisión más guardias civiles por simples discusiones en su trabajo.
Se trata, en definitiva, de hacerles entender que no se puede prolongar una situación que hace que ciudadanos de la España de 2015 sean tratados más bien como siervos medievales, sin apenas derechos y expuestos al capricho de unos tribunales tan desautorizados como anacrónicos. Pero los guardias civiles no se quedarán callados ante esta situación, y ejercerán a través de todas las vías legales a su alcance la máxima presión para que se ponga fin inmediato a este disparate. Las asociaciones profesionales firmantes rechazan la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles y su enjuiciamiento por tribunales de honor, que es lo que son los juzgados y tribunales militares. Aún se está a tiempo de impedir próximas entradas en prisión de guardias civiles y de evitar la quiebra del sistema público de seguridad, cuya afectación negativa es incuestionable si se consolida la aplicación del Código Penal Militar en fase de tramitación parlamentaria.
La responsabilidad de evitar esto radica en los Grupos Parlamentarios a los que, una vez más, nos dirigimos para que impere el derecho, la dignidad y la cordura, frente a posturas que sólo favorecen a unos cuantos que no quieren perder sus privilegios.
