El Gobierno de España aprobó ayer un límite de gasto no financiero para 2023 de 198 211 millones de euros, un 1,1 % por encima del establecido este año, que ya marcó un máximo histórico por el efecto de los fondos europeos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que el Ejecutivo ha mantenido la previsión de déficit público del 3,9 % del PIB, «a pesar de las medidas extraordinarias» puestas en marcha para combatir los efectos de la guerra en Ucrania. No obstante, cambiará el reparto, con mayor margen para las comunidades autónomas, que pasan del 0,1 % al 0,3 % del PIB, a costa de la administración central, que pasa del 3,4 % al 3,2 % del PIB.
El techo de gasto contempla una transferencia a la Seguridad Social de 19 888 millones, un 8,1 % superior a la de 2022; y ha avanzado que los recursos para comunidades autónomas y corporaciones locales «se incrementarán significativamente». A pesar de ello, aún no se ha concretado la subida salarial de los empleados públicos, que Montero espera acordar con las organizaciones sindicales.
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