612 personas trabajadoras entraron en la propiedad de 113 empresas en 2021 con el apoyo de los incentivos fiscales de la Diputación

El diputado general Markel Olano ha subrayado que la “apuesta por los modelos participativos creció con más fuerza que nunca pese a la pandemia y la incertidumbre económica”

Un total de 612 personas, 437 hombres y 175 mujeres, entraron en 2021 en la propiedad de 113 empresas de Gipuzkoa con el apoyo de los incentivos fiscales de la Diputación, con una inversión total de casi 6,8 millones. Son las cifras anuales más altas, tanto en personas trabajadoras como en número de compañías, desde que se aprobara en vigor en 2016 la Norma Foral para el fomento de la participación, suponiendo un incremento del 29,8% en el caso de las compañías acogidas respecto al año anterior, que ya marcó un récord. El acumulado de los seis años en los que esta normativa fiscal ha estado en vigor arroja unos registros de 432 empresas, 2.315 personas, y un desembolso total por parte de éstas de 32,7 millones.

Los datos han sido dados a conocer en el marco de la jornada organizada por la Diputación en su ‘Día de la Participación’, celebrada en el caserío Zabalegi de Chillida-Leku. El diputado general Markel Olano y los diputados de Promoción Económica y Hacienda, Jabier Larrañaga y Jokin Perona, han compartido la apuesta realizada por la institución foral en este ámbito con representantes empresariales, sindicales y sociales del territorio. La jornada ha contado también con ponencia del experto en formación y consultoría Juan Luis Urcola, quien ha tratado los valores de la participación en las organizaciones, y con una mesa redonda en la que empresas como KateaLegaia, Ikor y Mondragon Osagaiak han expuesto su experiencia en esta materia.

Además de los incentivos fiscales, la Diputación destina todos los años ayudas desde el departamento de Promoción Económica para promover proyectos de participación en las empresas del territorio. En 2021 se destinaron 884.421 euros para la realización de 34 iniciativas, y este año empresas y agentes han presentado un total de 48 peticiones –la convocatoria se resolverá las próximas semanas-. En los últimos seis años, el número de empresas apoyadas ronda las 600, con un impacto en más de 14.500 trabajadores y trabajadoras. Asimismo, existe otra línea de ayudas dirigida a respaldar los procesos de transmisión empresarial, con 23 compañías beneficiarias el año pasado y una inversión foral de 542.000 euros.

En la misma línea, la Diputación desplegó una veintena de proyectos experimentales en sendas compañías, y cuenta con una herramienta de financiación –desarrollada con Elkargi– para financiar la entrada en el capital de las y los trabajadores. Estas medidas forman parte de una estrategia integral desarrollada por la institución foral durante más de una década para fomentar la participación en la empresa, ya sea en el ámbito de la gestión, en la toma de decisiones o en el capital, que fue reconocida el año pasado como práctica avanzada referencial por parte del profesor Jens Lowitzsch, una de las máximas autoridades en la materia, recogiéndola en su estudio ‘Participación financiera para una nueva Europa Social’.

Valoración positiva

En su intervención, Markel Olano ha valorado “muy positivamente” el “recorrido colectivo” realizado por Gipuzkoa en este ámbito, así  como los resultados de las medidas puestas en marcha para impulsarlo. “Observamos que la pandemia y la posterior situación de incertidumbre no conllevaron un retroceso, sino lo contrario: la apuesta por los modelos participativos creció con más fuerza que nunca. Y eso es una gran noticia, porque supone ahondar en la visión de la empresa como un proyecto colectivo, compartido, comprometido con el territorio y con visión de largo plazo. La participación es una de las fortalezas más importantes de nuestra sociedad y de nuestra economía, uno de los valores fundamentales sobre los que se asienta nuestro modelo socio-económico, y debe seguir siendo un elemento diferencial en el actual contexto de incertidumbre”, ha expuesto.

Por ello, Olano ha asegurado que la Diputación seguirá “exprimiendo al máximo” su “competencia fiscal” y sus “programas de ayuda” para “acompañar el esfuerzo que viene realizando Gipuzkoa para integrar la participación dentro de su cultura organizacional y empresarial, así como a las personas trabajadoras que optan por asumir una participación en sus empresas ante una situación de relevo generacional o cambio en la dirección”. “Esta apuesta –ha añadido- está plenamente alineada con el trabajo que venimos realizando para fortalecer nuestra economía, reducir al máximo las las desigualdades y seguir construyendo esa Gipuzkoa colaborativa, solidaria, socialmente avanzada que todos y todas queremos. También con valores muy arraigados en nuestra idiosincrasia como la cultura del trabajo y el auzolan”.

Por su parte, Jabier Larrañaga ha señalado que el modelo participativo “aporta mimbres para la competitividad como la visión a largo plazo de los proyectos empresariales o su arraigo, apuntalando los centros de decisión”. “Sin embargo, -ha emplazado-, tenemos el desafío de seguir aprendiendo colectivamente para innovar y adaptarnos a los cambios que vienen produciéndose en la economía. Entre ellos está la gestión de la diversidad de unas empresas distribuidas geográficamente, la convivencia con las nuevas formas de relación  con el trabajo y con el empleo del futuro, o la necesidad de compaginar los liderazgos fuertes que exige el propio modelo partricipativo con una toma de decisiones más ágil y descentralizada, consecuencia de la transformación digital”.

Fiscalidad pionera

La normativa para el fomento de la participación de las personas trabajadoras se aprobó en diciembre de 2016 y entró en vigor el 1 de enero de ese año, con carácter retroactivo. Plantea ventajas para las dos partes que participan en este tipo de operaciones. En el caso de la persona compradora (es decir, la persona trabajadora que quiere participar en su empresa), fija una deducción en el IRPF del 15% para los hombres y del 20% para las mujeres a favor de la persona que entre en propiedad de la empresa. El crédito fiscal es de 6.000 euros en el caso de los hombres y de 8.000 euros en el de las mujeres. El incentivo es aplicable a lo largo de cuatro años y los límites anuales son de 1.500 euros para los hombres y 2.000 euros para las mujeres. En el caso de la parte vendedora, el límite de edad se redujo de 65 a 60 años, quedando exenta la ganancia patrimonial derivada de la venta (no es así si se hace a un operador externo).

Hace seis años, cuando se aprobó la Norma Foral, el objetivo principal era apuntalar las empresas al territorio y, con esto, anclar los centros de decisión como modo para hacer frente a las deslocalizaciones; incorporar a las personas trabajadoras en la gestión y en los procesos de toma de decisiones estratégicas, reforzando la competitividad de la empresa; fortalecer el compromiso de las y los trabajadores con el proyecto empresarial; y mantener el talento. Junto a esto, se incluyó la perspectiva de género en la normativa para ayudar a reducir las desigualdades que se dan en el ámbito empresarial.