Este jueves, la Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado a España, segunda fase de un procedimiento de infracción, por considerar que no ha examinado en detalle, tal como exigen las normas de la UE, el impacto medioambiental del dragado del último tramo del río Guadalquivir , en particular los efectos negativos sobre los espacios protegidos cercanos, como el parque natural de Doñana.
El Gobierno español dispone de un plazo de dos meses para adoptar medidas correctivas. Si no se diese una satisfactoria, el Ejecutivo comunitario podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
El Ejecutivo comunitario pide a España «prudencia» en la modernización del acceso marítimo al puerto de Sevilla, y que evalúe de nuevo los posibles efectos negativos en Doñana y en otros sitios protegidos por la red Natura 2000.
Bruselas se remite a un estudio científico llevado a cabo recientemente por las autoridades españolas que indica que «el dragado del canal de navegación tendría efectos negativos graves sobre la forma del estuario y su biodiversidad, que repercutirían sobre los sitios naturales protegidos vecinos».
