El fallo emitido ayer por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazando exigir el conocimiento de euskera en la OPE realizada por la Fundación Uliazpi será recurrida por la Diputación Foral.
Dentro de dicha convocatoria de 34 plazas, en 32 casos se solicitó el perfil B-2, un hecho que el TSJPV rechaza por creer que se trata de «una demanda desproporcionada que vulnera derechos fundamentales». Según explica el Tribunal Supremo es excesiva la exigencia del euskera que la fundación Uliazpi ha solicitado para el 94 % de las plazas, cuando la ley de normalización del euskera prevé el 65’5 %. Además, el TSJPV considera que el derecho de cualquier ciudadano al empleo público está por encima de la planificación para el fomento del euskera.
Por el contrario, la Diputación de Gipuzkoa, de la que depende Fundación Uliazpi, ha comunicado que no está de acuerdo con la sentencia, por lo que presentará recurso. De hecho, la directora de Igualdad Lingüística de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Garbiñe Mendizabal, ha expresado su «rechazo y desacuerdo más rotundo» a esta decisión judicial y se ha comprometido a defender «con absoluta firmeza» que el servicio que recibe tanto la ciudadanía como las personas usuarias de Uliazpi se realice respetando «su propia opción lingüística».
