Bruselas está tomando medidas para reforzar las penas contra la corrupción, al considerar que esta «es muy perjudicial para la sociedad, para nuestras democracias, para la economía y para los individuos». Por ello, propuso ayer que todos los países de la Unión Europea eleven las penas para este tipo de delitos, entre los cuales se encuentra la malversación, recomendando castigar esta última con un máximo de al menos cinco años.
Esta iniciativa, que aún tiene que ser negociada en el Consejo de la Unión Europea por parte de los estados miembros y pasar la tramitación en el Parlamento Europeo, obligaría a España a aumentar las penas actuales, ya que tras la última reforma del Código Penal estableció castigar a los cargos públicos que «destinen a usos privados el patrimonio público sin ánimo de apropiárselo» con una pena máxima de tres años de prisión y una inhabilitación de uno a cuatro.
