En un informe sobre bonos de titulización hipotecaria sobre bienes inmuebles, a agencia de calificación crediticia Moody’s ha acusado a las entidades bancarias españolas de retrasar la venta de viviendas adjudicadas para evitar pérdidas y sacar mayor beneficio cuando mejoren las condiciones de los mercados.
A pesar, apuntan, del reciente descenso de las ejecuciones hipotecarias, los datos del Banco de España indican que los activos inmobiliarios adjudicados en las carteras de los bancos ascendieron en 2014 a 83.400 millones de euros.
«Los bancos están evitando vender los activos con pérdidas y están esperando a que las condiciones del mercado mejoren significativamente antes de hacerlo», recalca la agencia, que añade que las cifras del número de ejecuciones que llegan al juzgado subestiman el número real de viviendas que los bancos han embargado en los últimos dos años.
Moody’s explica que esto se debe a dos razones: un proceso de ejecución hipotecaria puede incluir varias viviendas y las entidades se han mostrado más dispuestas a aceptar ‘daciones en pago’, una alternativa que debido al deterioro de la economía española y a un mercado inmobiliario ilíquido se ha vuelto más común que en condiciones normales.
La agencia remarca que la tasa de ejecución hipotecaria se ha reducido en casi un 14% desde el máximo alcanzado durante la crisis, registrado en el año 2010, debido a los menores tipos de interés y a las «ligeras mejoras económicas».
Por regiones, Cantabria, Galicia y Madrid registraron el mayor descenso en los casos de ejecuciones hipotecarias en 2014, mientras que Valencia, Extremadura y Murcia sufrieron un aumento significativo en el volumen de ejecuciones hipotecarias en 2014.
La agencia cree que la reducción del volumen de las ejecuciones hipotecarias será positiva para el desempeño de los préstamos hipotecarios residenciales, porque el tiempo para procesar las ejecuciones individuales se acortará, lo que disminuirá la gravedad de las pérdidas.
Agrega que cualquier retraso en la venta de propiedades puede incrementar la exposición de los fondos de titularización españoles a pérdidas más altas, porque el devengo de los intereses durante el período de la ejecución hipotecaria afecta la gravedad de las pérdidas.
