El magistrado estima que hay indicios de que se destinaron 900.000 euros a amañar, al menos, tres partidos de la temporada pasada. El juez archiva la pieza separada abierta por supuesto trato de favor de Hacienda a Osasuna en relación al reintegro de varios cientos de miles de euros en billetes de 500 al no apreciar indicios de delito alguno en relación a esos hechos.
También se indagará el destino de 3 millones de euros extraídos en metálico durante la etapa de Pachi Izco e investigará a Miguel Archanco por desprenderse de su patrimonio inmobiliario y donárselo a su esposa y dos de sus hijos tras abandonar la presidencia. Mantiene el secreto de una parte de las actuaciones a fin de evitar que el conocimiento por las partes de dichas diligencias pueda perjudicar el buen fin de la investigación
Pamplona, 17 de junio
El juez que instruye el denominado ‘caso Osasuna’ ha notificado hoy el levantamiento parcial del secreto de las diligencias abiertas el pasado 19 de febrero para averiguar el destino de al menos 2,4 millones de euros extraídos de las cuentas del club. De lo investigado, el magistrado aprecia indicios de que importantes cantidades de dinero se destinaron a amaños de partidos de la temporada 2013-14, en concreto 250.000 euros a jugadores del Espanyol por empatar con Osasuna y 650.000 € a jugadores del Betis por dos partidos, 400.000 por ganar al Valladolid y 250.000 por dejarse perder con Osasuna.
Al respecto, el magistrado sigue investigando otros partidos cuyo resultado presuntamente fue también alterado por Osasuna, así como el destino del resto del dinero extraído en metálico de las cuentas del club.
En las diligencias abiertas, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona no ha hallado evidencias de que se hubiera firmado un contrato entre Flefield y Osasuna por importe de 1.440.000 euros. El juzgado está pendiente de recibir la información reclamada a las autoridades portuguesas, a través de la correspondiente comisión rogatoria, si bien todos los datos apuntan a que tanto el contrato presuntamente celebrado con la referida sociedad como las facturas derivadas de dicho contrato son falsos y se crearon por directivos del club con la finalidad de justificar contablemente la salida de importantes cantidades de dinero en metálico.
De igual forma, el juez considera acreditado que el supuesto pago efectuado el 1 de junio de 2013 a los agentes inmobiliarios Cristina Valencia y Alberto Nolla por importe de 900.000 euros no llegó a realizarse nunca y que el recibo que recogía dicho presunto pago es, al igual que ocurre con el contrato y facturas de Flefield, falso y fue creado con el mismo fin que estos documentos.
En la causa principal están imputadas 21 personas, entre ellos los dos últimos expresidentes de Osasuna, el expresidente de la Junta Gestora, el exgerente, exdirectivos, exempleados y exfutbolistas del club rojillo, así como futbolistas en activo pertenecientes a otros equipos.
El magistrado mantiene el secreto de una parte de las actuaciones a fin de evitar que el conocimiento por las partes de dichas diligencias pueda perjudicar el buen fin del proceso, esto es, el descubrimiento de lo verdaderamente ocurrido en el Club Atlético Osasuna en los últimos años.
No hubo trato de favor a Osasuna por parte de Hacienda
Además de las diligencias incoadas a raíz de la denuncia interpuesta por Osasuna en febrero, el juez instructor ha abierto otras tres líneas de investigación sobre determinadas actuaciones que han ido apareciendo en la causa principal.
Así, el juez ha archivado la ‘pieza separada A’ incoada a consecuencia de los testimonios vertidos por dos de los imputados –Ángel Vizcay y Pachi Izco– acerca de una posible actuación irregular de algún funcionario o responsable de la Hacienda Tributaria de Navarra en los expedientes abiertos al propio Vizcay y al Club Atlético Osasuna en 2008 por extracciones de diversas cantidades de dinero por parte del entonces gerente.
En un auto, el magistrado explica que el objeto de esta pieza separada, que también estaba declarada secreta, ha sido exclusivamente determinar si en dicha concreta y puntual actuación de la Hacienda Tributaria de Navarra existen indicios de la comisión de algún delito de cohecho o prevaricación.
Al respecto, el juez instructor ha tomado declaración a todas las personas que directa o indirectamente han podido tener conocimiento del desarrollo de esas actuaciones administrativas, además de a los propios funcionarios de la Hacienda Foral que realización las inspecciones, a altos cargos de Hacienda Foral de Navarra y al entonces consejero de Economía Álvaro Miranda. De las múltiples diligencias practicadas, el magistrado afirma que “no se desprenden indicios racionales suficientes para apreciar la comisión de ningún tipo de delito por parte de alguno o algunos funcionarios o directivos” de la Hacienda foral.
Hacienda Tributaria abrió en 2008 un expediente por la extracción por parte de Vizcay de diversas cantidades de dinero en billetes de 500 euros. A consecuencia de ello, el exgerente declaró que el dinero se destinó al pago de diversas cantidades de dinero a otros clubes de fútbol, unas afirmaciones parcialmente corroboradas posteriormente en un escrito firmado por el entonces presidente de Osasuna, Pachi Izco.
Como consecuencia de dicho documento rubricado por Izco, se incoó un expediente de inspección parcial al club para determinar si dichas extracciones podían tener algún impacto fiscal en el impuesto de sociedades del club.
Aunque el juez considera que en el acuerdo de archivo del expediente de inspección (acta de comprobado y conforme, según la terminología de Hacienda) puede apreciarse una motivación un tanto escasa, ello por sí solo no es suficiente para considerar, si quiera, que estemos en presencia de indicios de ningún tipo de delito. A mayor abundamiento, el juez reclamó la totalidad de expedientes abiertos por Hacienda sobre extracciones en billetes de 500 € con la finalidad de comparar la tramitación y concluyó que en todos ellos la motivación para el archivo de los expedientes es “idéntica” al de Osasuna.
Todo ello unido al hecho de que Pachi Izco, cuando testificó en esta pieza separada, se desdijo de lo afirmado ante el juez el 6 de marzo en su declaración como imputado al comienzo del procedimiento. Entonces manifestó que realizó gestiones con consejeros del Gobierno de Navarra para que Hacienda “mirara para otro lado”. Por estos motivos, el juez, en consonancia con el informe del Ministerio Fiscal, que tampoco apreciaba indicios de delito, ha acorado el archivo esta ‘pieza separada A’.
Sospechas sobre Izco y su junta directiva
El titular del Juzgado de Instrucción 2 ha acordado también abrir una ‘pieza separada B’ para extender la investigación a la presidencia de Pachi Izco al haber descubierto en las investigaciones realizadas hasta la fecha que entre 2003 y 2007 se extrajeron en metálico, mediante la retirada de billetes, un total de 3.090.000 euros de las cuentas del club.
En concreto, según consta en el auto en el que el juez incoa la ‘pieza separada B’, en los años 2003, 2004 y 2005 se sacó dinero en metálico por importe total de 1.380.000 euros; en 2006 un total de 1.260.000 € y en 2007 un total de 450.000. El juez sostiene que no está suficientemente acreditado el destino dado a estas cantidades.
En el auto, el magistrado deja bien claro que esta resolución no implica en modo alguno la imputación de delito alguno a los directivos, gestores o encargados de la contabilidad de Osasuna en esas fechas. No obstante, con el fin de interrumpir la posible prescripción de los delitos, considera preciso abrir una investigación a las personas que en aquella época tuvieron responsabilidades directivas y de gestión o control contable del patrimonio de Osasuna, esto es, los miembros de su junta directiva, el gerente, el director general o financiero y el contable.
Según expone el juez, de lo ya instruido se desprenden fuertes sospechas de que, al menos parte de dicho dinero, pudo destinarse a actividades ilícitas, no tanto en relación con posibles amaños de partidos –que en aquellos años no estaban tipificados en el Código Penal–, como a “gestión desleal del patrimonio de Osasuna”, lo que podría dar lugar a delitos de apropiación indebida, delitos societarios, delitos de falsedad contable, delitos de blanqueo o delitos contra la Hacienda Pública.
Como en las diligencias que han dado origen a esta pieza separada ya declaró en calidad de imputado Pachi Izco por una anotación contable sospechosa de 76.711 euros de su etapa como presidente, a los fines de simplificación del procedimiento se unirá su testimonio a esta ‘pieza separada B’. En este sentido, el juez considera que Izco ya debe considerarse personado como imputado en esta nueva pieza.
Las demás personas que aún no están imputadas en esta pieza separada B, pero que serán investigadas por estos hechos son las siguientes: Juan Pascual, Fernando Vera, Íñigo Sanciñena, Miguel Archanco, José Manuel Purroy, Ángel Vizcay, José Gómez y Tomás López.
Además, el juez ha acordado investigar en dicha pieza la denuncia interpuesta contra Pachi Izco por Osasuna por un presunto uso indebido de la tarjeta corporativa del club que éste utilizó durante su mandato, al constar cargos en dicha tarjeta (por ejemplo, en boutiques de lujo, joyerías, vinotecas, ópticas…) que, en principio, nada tienen que ver con la actividad deportiva del club y las labores de representación y dirección del expresidente.
El juez investiga a Archanco por un delito de insolvencia punible
El juez instructor además ha abierto otras diligencias –‘pieza separada C’– para determinar si el expresidente de Osasuna Miguel Archanco ha podido cometer un posible delito de insolvencia punible por haberse desprendido de diferentes bienes inmuebles de los que era propietario, para, en definitiva, regalárselos a su esposa y sus dos hijos “escasas semanas después de abandonar la presidencia” de Osasuna, “constituyéndose en una situación de insolvencia, al menos parcial”.
Como consecuencia de las gestiones realizadas para ejecutar la fianza de responsabilidad civil por importe de 3 millones de euros impuesta al imputado Miguel Archanco, el juez constató que el 12 de septiembre de 2014, el expresidente de Osasuna otorgó junto con su esposa una escritura pública de liquidación de la sociedad de conquistas que regía su matrimonio. En virtud de la misma, Archanco se adjudicaba un piso en la calle Leyre de Pamplona y un derecho de uso temporal sobre una plaza de garaje. Por su parte, su esposa se adjudicaba la vivienda conyugal de Pamplona, una plaza de garaje también en la capital navarra y otra plaza de garaje en San Sebastián. En total, los bienes de su mujer se valoraron en 200.000 euros más, un exceso que Archanco consideró como una donación que realizaba a su esposa, quien la aceptaba agradecida.
Asimismo, según detalla el magistrado en el auto, el mismo día en que el notario autorizó la escritura de liquidación de la sociedad de conquistas, Archanco donó a uno de sus hijos el inmueble sito en la calle Leyre. Y también se ha constatado que, el mismo día, el expresidente de Osasuna otorgó ante notario otra escritura de donación a otro de sus hijos.
Por todo ello, en la pieza de responsabilidad civil de Archanco solo se ha conseguido trabar embargo sobre saldos de cuentas bancarias y productos financieros que ascienden a un total de 129.177, 48 euros, por lo que resta por garantizar 2.870.822,52 €.
El juez no solo ha acordado investigar la comisión de un posible delito por parte del expresidente de Osasuna, su esposa y sus hijos, sino que ha decretado el embargo de todos los bienes inmuebles de los que era propietario con anterioridad al otorgamiento de las escrituras al “existir fuertes indicios” de que dichas liquidaciones y donaciones “puedan ser constitutivas de delito y, por ende, nulas de pleno derecho”, ya que “el verdadero propietario de dichos bienes” sigue siendo Miguel Archanco.
