El magistrado Alberto Jorge Barreiro considera que el sistema de subvenciones investigado fue ilegal.
El magistrado Alberto Jorge Barreiro, instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo, ha propuesto continuar el procedimiento contra los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves y contra los exconsejeros del Gobierno andaluz José Antonio Viera y Gaspar Zarrías por delito de prevaricación administrativa, al que en el caso de Viera añade el de malversación de caudales públicos.
Para los tres que tienen la condición de aforado -Chaves, Zarrías y Viera-, el instructor eleva una exposición motivada a la Sala para que tramite el preceptivo suplicatorio, necesario en este momento para continuar el procedimiento contra ellos. En el caso de Griñán, el magistrado motiva a través de un auto los indicios recabados contra él. El magistrado le considera presunto coautor del delito de prevaricación y señala que, desde el punto de vista sustantivo material, debe ser enjuiciado conjuntamente con los anteriores y no atribuir la competencia de su caso a los Juzgados de Sevilla.
A lo largo de los 130 folios de la exposición motivada, Alberto Jorge Barreiro analiza el sistema establecido durante diez años, de 2000 a 2010, para conceder ayudas sociolaborales a empresas y particulares por parte de la Junta de Andalucía. El juez relata cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones.
Alberto Jorge Barreiro concluye que el sistema de subvenciones investigado fue ilegal y cuestiona el desconocimiento que esgrimieron los imputados cuando comparecieron en el Tribunal Supremo.
El instructor cuantifica en 855 millones de euros el dinero presupuestado y que la Junta de Andalucía gastó y pagó desde 2000 a 2010 en las subvenciones acordadas y concedidas. En relación al perjuicio económico ocasionado a la Administración andaluza, el magistrado considera que no se podrá valorar con exactitud a hasta pasados unos años. El grueso de ese dinero se dedicó a los 77 ERE, en donde se efectuaron pagos excesivos.
En el caso de la también exconsejera de la Junta Mar Moreno, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de la causa al estimar que no hay indicios de que ejecutara actos de contenido incriminatorio ni de que actuara a sabiendas de las ilegalidades del sistema.
