Colectivos ecologistas han elevado recurso al Tribunal Supremo (TS) para que se revoque el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) aprobado por la Junta de Andalucía en 2008 después de que, en primera instancia, se haya desestimado la impugnación contra la «rebaja» en el nivel de protección en medio centenar de enclaves de este espacio.
Esta normativa ambiental estaba suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que consideró en su día que autorizaba edificaciones en suelo «no apto» y ante indicios que apuntaban a que podría «autorizar edificaciones en suelos que, en principio, no podrían albergarlas» con respecto al PORN de 1994 que derogaba. De esta pieza principal derivó el pleito sobre el suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol en el Algarrobico, que ahora se sustancia en el Tribunal Supremo (TS).
El magistrado ponente de aquella resolución, en la que, por tanto, quedaba al margen el paraje del Algarrobico, argumentó que de no acceder a la suspensión del nivel de protección dado a 269 hectáreas del parque natural Cabo de Gata-Níjar –un 0,5 por ciento del total de su superficie– se podrían «causar perjuicio irreparables o de muy difícil reparación» que atentan contra la finalidad legítima del recurso que no es otro que evitar la «alteración de la edificabilidad en el espacio protegido».
En primer lugar hizo referencia a las áreas calificadas como ‘C3) y que respondían a la definición de «núcleo habitado existente o zona transformada» con el que la Consejería de Medio Ambiente contempla como posible a la «rehabilitación de inmuebles con uso turístico».
En un segundo auto, hacía extensible la suspensión a las zonas D, «las de mayor intervención urbana», ya que podrían esconder una presunta «legalización de obras ilegales», la «ampliación de suelo urbano-urbanizable», la definición de «nuevo» suelo urbano en los núcleos de población de San José, La Isleta del Moro y Aguamarga, así como la extensión de los cultivos bajo plástico y la cantera de extracción de áridos localizada en el paraje de El Argamasón.
El recurso ante el Alto Tribunal tras virar el TSJA en su criterio y desestimar el recurso en el procedimiento principal lo han impulsado la asociación Salvemos Mojácar, el grupo Ecologista Cóndor y la Plataforma Salvemos Macenas, y ha sido ya admitido a trámite.
En un comunicado, los colectivos han criticado que el fallo «elude» por completo entrar en cuestiones de fondo, y de «forma confusa argumenta desviación procesal para desestimar el recurso», por lo que, a su juicio, «subvierte la legalidad al hacer prevalecer las normas urbanísticas sobre las medioambientales en contra de fundamentos básicos del derecho según los cuales las normas ambientales son de rango superior a las urbanísticas».
Las asociaciones han recordado que aportaron un «pormenorizado» estudio topográfico que mostraba que la planimetría del parque se había modificado «irregularmente recalificando como urbanizables suelos que antes eran protegidos en más de 50 puntos», lo que, como se ha dicho anteriormente, dio lugar a la suspensión cautelar del PORN en 2009.
Para los colectivos conservacionistas, el TSJA hace que prevalezcan unos planeamientos urbanísticos «contrarios al medioambiente y favorables a la especulación», por lo que han trasladado que confían «en que el Tribunal Supremo «restaure unos fundamentos del derecho que consideran ha sido puestos en cuestión por el tribunal andaluz».
