El delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, y el Director General de la Policía Municipal, Andrés Serrano, han puesto esta mañana (21 de octubre) a disposición de la Fiscalía de Madrid diversa documentación referente a los tres «bares», ubicados en dependencias de la Policía Municipal, que pudieran haber incurrido en irregularidades.
Los tres «bares» situados en las Unidades policiales de Escuadrón de Caballería, Atestados y la Unidad Especial de Tráfico sirven de lugar de avituallamiento y descanso de los miembros del cuerpo que prestan servicio.
Al parecer, según se ha podido saber desde la Dirección General de Policía Municipal, de los beneficios de esos bares se generaba una «caja B» de gastos y beneficios, de la cual no se conoce atribución presupuestaria oficial ni de entrada ni de salida. La atribución de gastos, según los escritos entregados en Fiscalía esta misma mañana, era la siguiente: abono de las coronas de flores de policías fallecidos (en activo o jubilados), las fiestas de San Juan, repostajes indebidos y demás gastos que no pueden abonarse con cargo al presupuesto pero que, por motivos que la Dirección General consideraban justificados, debían abonarse.
Desde la Dirección General de la Policía Municipal de Madrid y el propio Área de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento se considera que los servicios que se prestaban desde esos bares son necesarios y legítimos siempre que se puedan ofrecer dentro de la estricta legalidad. Por ello, los costes serán asumidos desde el propio Área.
En esta misma línea se ha ordenado una solución transitoria que consiste en un servicio de vending en las mismas instalaciones. Desde el Área de Salud, Seguridad y Emergencias han expresado que, así mismo, tienen la firme intención de restablecer el servicio a medio plazo mediante la convocatoria de un concurso público que habilite a una empresa para prestar el servicio a los componentes del cuerpo de Policía Municipal de Madrid, conforme a la ley.
Existe la sospecha de que se trata de una actividad económica no legalizada. Los presupuestos de ingresos y gastos han sido gestionados por empleados públicos y se han usado recursos materiales públicos que no han sido fiscalizados por Intervención General. Los beneficios de dichos bares están supuestamente ubicados en una caja fuerte en la Subdirección General Económico-Administrativa de la Dirección General de Policía Municipal.
El delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha mostrado su preocupación por los flujos monetarios acreditados en la documentación disponible y de los que no se conoce con certeza su origen. La puesta a disposición de esta información a la Fiscalía viene motivada, además, por el hecho de que la regularización de estos fondos sin la correspondiente investigación podría suponer un delito para el funcionario público que lo hiciera. En palabras del delegado, «Luz y taquígrafos. Nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad es máximo».
Además, Andrés Serrano, Director General de Policía Municipal, ha manifestado de manera tajante su intención de «defender el buen nombre de la Policía Municipal y, por supuesto, de promover alternativas de espacios de encuentro y de descanso para aquellos policías que previamente estaban utilizado los «bares», así como cualquier otra prestación que fuera necesaria para el Cuerpo de Policía Municipal».
