El Gobierno municipal ha presentado una medida que se debatirá en el Pleno del viernes y que desarrolla las medidas para aplicar la iniciativa legislativa popular (ILP) de emergencia habitacional y pobreza energética. En los próximos días se requerirá a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) la cesión obligatoria de los 562 pisos vacíos que tiene en Barcelona. Se espera poder llegar a un acuerdo; si no, el Gobierno iniciará un proceso judicial.
La medida de gobierno responde a la prioridad de ampliar el parque de alquiler social de la ciudad; prevé iniciativas para movilizar los pisos vacíos que hay en Barcelona y también para combatir la pobreza energética. De hecho, se plantean actuaciones en 4 ámbitos. El primero es la prevención de desahucios y la garantía de realojamiento en casos de personas en riesgo de vulnerabilidad. Por eso se está trabajando para firmar un nuevo convenio con los operadores judiciales que permita conocer con antelación suficiente los procesos de desahucio.
El segundo gran ámbito de actuación es el trabajo para evitar cortes de suministros básicos que afecten a colectivos vulnerables. En este sentido, el Gobierno municipal también trabaja en un nuevo protocolo para firmarlo con las empresas suministradoras. Por otra parte, se pone en funcionamiento un dispositivo de refuerzo para luchar contra la pobreza energética que, en su fase piloto, se aplicará a los 3 distritos de la ciudad más afectados: Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí.
En cuanto al tercer ámbito de actuación, la cesión obligatoria de pisos vacíos, el Ayuntamiento ya dispone de los datos del Registro de Viviendas Vacías de la Generalitat, el cual recoge un total de 2.591 pisos en la ciudad que hace como mínimo 2 años que no tienen compradores ni inquilinos. El objetivo, en este caso, es la movilización de estos pisos para alquiler social. El último ámbito de actuación prevé crear una unidad de prevención de la exclusión residencial y la pobreza energética vinculada a la Red de Oficinas de Vivienda y que trabajará de manera coordinada con los servicios sociales.
Cumplimiento de la Ley 24/2015
Este conjunto de medidas se empezarán a aplicar para cumplir, en Barcelona, la Ley 24/2015, la conocida ILP de vivienda, que entró en vigor el 6 de agosto. La ley crea más instrumentos para luchar contra la pobreza energética y proteger a la ciudadanía ante los desahucios. Prevé, por ejemplo, la obligatoriedad de los grandes propietarios de vivienda de ofrecer un alquiler social alternativo como requisito indispensable para hacer efectivo el desahucio.
