La representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Francesca Friz-Prguda, llama a emprender «con prioridad» una reforma integral del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, que «está muy lejos de cumplir las directivas europeas y otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos».
«Melilla es el mayor punto de entrada de refugiados en España y el 90% de los ocupantes del CETI lo son. Allí la aplicabilidad de la directiva europea al respecto está fuera de duda. Siendo así, el centro está lejos, muy lejos, de cumplir las mínimas previsiones de esta directiva y más allá de ella, de cumplir con otras normas internacionales como la Convención de los Derechos del Menor y otros instrumentos de Derechos Humanos», asegura.
En esta instalación diseñada para 480 personas, denuncia, ha llegado a acoger a cerca de 2.000.
El Ministerio del Interior ha recibido también varias recomendaciones de la Defensora del Pueblo, las dos últimas remitidas este otoño, en las que se le invita a trasladar «de manera urgente» a la Península a familias con menores de edad y personas con discapacidad, así como a diseñar un plan para «atender las necesidades educativas específicas» de los niños.
Friz-Prguda considera que la próxima Administración, sea la que sea, debería tomar este asunto como prioridad. En el ACNUR plantean dos posibilidades, pero la primera implica «remodelar el CETI tan drásticamente que satisfaga las normativas europeas o de protección internacional» para ofrecer «unas condiciones mínimas de vida» a sus residentes, lo que supone «un cambio total y absoluto de todo» y «se hace muy difícil».
La segunda es la apuesta del Alto Comisionado y pasa porque el CETI «sea lo que debiera ser», un punto de primera acogida, donde recalen los extranjeros, refugiados o no, que lleguen a Melilla y donde sobre la marcha, se les tomen las huellas dactilares, se les identifique y se les derive al sistema que competa, ya sea a un Centro de Acogida de Refugiados (CAR) en la Península, ya sea a los recursos para menores de edad solos o víctimas de trata, ya sea a la vía de extranjería para deportación.