Los trabajos de la Ciudad de la Seguridad de la Casa de Campo arrancan este lunes para ubicar los servicios centrales de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid en diversos edificios rehabilitados en los recintos feriales y en otro de nueva construcción.
La Unión Temporal de Empresa (UTE) ha sido la adjudicataria del contrato, al que se presentaron trece licitadores por un importe de 10,3 millones de euros, lo que ha supuesto una baja del 32,84 por ciento sobre el presupuesto de licitación, que fue de 15,3 millones de euros.
Los edificios que serán rehabilitados son el pabellón de La Pipa, con una superficie construida de 10.359 metros cuadrados; el pabellón Pico Pato (602 metros cuadrados); oficinas del Madrid Master (586 metros cuadrados), antiguas oficinas de Madridec (1.949 metros cuadrados) y la antigua pérgola del pabellón de La Pipa (432 metros cuadrados).
Se construirá también un nuevo edificio, denominado pabellón El Cubo, con una superficie de 1.402 metros cuadrados. Estos edificios acogerán los servicios de la Dirección General de Seguridad y los de Emergencias y Protección Civil, además de una Unidad Integral de la Policía municipal integrada en estos servicios centrales.
De ellas forman parte la subinspección central de Policía Judicial, la Unidad Central de Investigación, la de Coordinación Judicial, la Unidad de Atestados de Tráfico, dos laboratorios de Coordinación Judicial, un laboratorio del gabinete de investigación de accidentes y 21 calabozos. En total, serán trasladados a estos edificios renovados 673 empleados públicos ubicados actualmente en tres edificios.
La puesta en servicio de estos edificios municipales suprimirá alquileres por importe de 4,4 millones euros.
Los pliegos de condiciones preveían la posibilidad de que los licitadores ofertasen una reducción de los plazos de ejecución de las obras, algo que presentaron todos, de manera que el plazo de ejecución inicialmente previsto en 24 meses se ha reducido a 20.
La construcción de la Ciudad de la Seguridad se enmarca en el Plan de Gestión Patrimonial, incluido en el Plan de Ajuste del Ayuntamiento, que busca optimizar el uso y la ocupación de los edificios propios y reducir el número e importe de los arrendamientos.
